Vivienda casi borrada del presupuesto, poca inversión en obra pública, educación y ciencia con una participación reducida, cambios en discapacidad y asignaciones familiares y organismos estratégicos con modificaciones en su financiamiento. El IPyPP de Unidad Popular, el IEF de la CTA Autónoma y el IDEP de ATE analizaron el Presupuesto 2027 y advierten que detrás del superávit que exhibe el Gobierno se consolida un ajuste permanente, mientras la deuda continúa demandando enormes cantidades de recursos.
Para entender un presupuesto nacional no hace falta ser economista. En definitiva, se trata de algo bastante concreto. Es decidir dónde pone la plata el Estado, qué sostiene, qué reduce y qué deja de hacer.
Desde ese lugar, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma y el Instituto de Estudios sobre Estado y Participación de ATE Nacional analizaron el proyecto de Presupuesto 2027 y llegaron a una conclusión política y económica clara. Para los tres institutos, el ajuste iniciado en 2023 no aparece como algo transitorio, sino como una política que se proyecta hacia adelante.
El primer número permite dimensionarlo. El gasto primario del Sector Público Nacional representaba el 19,5 por ciento del Producto Interno Bruto en 2023. Para 2027 baja al 14,2 por ciento y el Marco Fiscal de Mediano Plazo prevé reducirlo todavía más, hasta el 13,8 por ciento en 2029.
Dicho de manera sencilla, el Estado nacional proyecta gastar una porción cada vez menor de la riqueza que genera el país.
Pero la verdadera dimensión de esa decisión aparece cuando los tres institutos bajan de los grandes números a las áreas concretas.
Una de las situaciones más fuertes está en vivienda. Según el informe conjunto del IPyPP-UP, IEF-CTAA e IDEP-ATE, Vivienda y Urbanismo queda reducida a $26.483 millones, apenas el 0,002 por ciento del Producto Bruto Interno PIB. El propio estudio sostiene que esta función prácticamente desaparece.
Para quien necesita una vivienda, ese porcentaje tiene una traducción mucho más simple. El Estado nacional prácticamente se retira de una política fundamental para miles de familias.
Algo parecido sucede con la inversión pública. El gasto de capital previsto para 2027 representa 0,4 por ciento del PIB, frente al 1,6 por ciento que representaba en 2023.
Detrás del llamado gasto de capital están las inversiones que permiten construir infraestructura y ampliar la capacidad del Estado. Por eso, cuando esa participación cae, la discusión deja de ser solamente económica y empieza a verse en las obras que se hacen y en las que dejan de hacerse.
El informe también pone la mirada sobre educación y ciencia.
Para 2027, Educación y Cultura representa el 0,79 por ciento del PIB, mientras Ciencia, Tecnología e Innovación queda en el 0,18 por ciento.
Son porcentajes pequeños dentro de una enorme planilla presupuestaria, pero detrás están las políticas educativas, la investigación, el conocimiento y la capacidad científica y tecnológica del país.
En Salud, en cambio, los números obligan a ser precisos. El propio informe muestra que pasa del 0,80 por ciento del PIB en 2026 al 0,91 por ciento en 2027. Por eso no corresponde afirmar que Salud se reduce entre esos dos años.
La Seguridad Social también aumenta su participación, del 8,20 al 8,42 por ciento del PIB. El análisis de los tres institutos advierte que ese crecimiento relativo debe observarse dentro de un presupuesto donde otras funciones del Estado se achican con mucha mayor intensidad.
Pero existen modificaciones que pueden llegar directamente al bolsillo y a la vida de las familias.
El IPyPP-UP, IEF-CTAA e IDEP-ATE advierten que el proyecto vuelve a avanzar sobre el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares.
Esto significa que la discusión no pasa solamente por cuánto dinero aparece escrito en una partida. También importa cómo se actualizará ese ingreso con el paso de los meses y qué garantías tendrán las familias frente al aumento de los precios.
En discapacidad, el informe conjunto marca cambios todavía más sensibles.
El proyecto introduce modificaciones en el sistema de prestaciones, elimina los valores universales del nomenclador y su actualización automática y plantea reemplazar la actual Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por una Pensión por Invalidez Laboral, que sería incompatible con un empleo formal.
El estudio también señala modificaciones relacionadas con la garantía de cobertura médica.
Para una persona con discapacidad o para una familia que depende de esas prestaciones, esto ya no es una discusión sobre déficit o superávit. Son las condiciones concretas bajo las cuales podrá acceder a una prestación, un ingreso o una cobertura.
También aparecen organismos que cumplen funciones fundamentales para la producción nacional.
El informe analiza modificaciones que alcanzan al INTA, SENASA e INTI. Según los tres institutos, se modifica la afectación específica de recursos que venía financiando aproximadamente el 80 por ciento de los ingresos de esos organismos.
Son instituciones que trabajan en producción agropecuaria, sanidad animal y vegetal, alimentos, industria, tecnología y asistencia al desarrollo productivo. Por eso, modificar la forma en que se financian también abre una discusión sobre qué capacidad tendrán para sostener sus funciones.
En transporte ocurre algo que el informe obliga a explicar con cuidado.
El proyecto propone eliminar la obligación de destinar una parte específica de determinados recursos al sistema ferroviario, las compensaciones del transporte automotor y otras políticas del sector.
Eso no significa que automáticamente desaparezca ese gasto. Lo que cambia es que esos recursos dejan de estar garantizados mediante esa asignación específica y pasan a depender de otras decisiones presupuestarias.
Mientras se achican áreas y se modifican mecanismos de financiamiento, hay un número que sobresale por encima de todos.
La deuda.
Según el informe conjunto del IPyPP-UP, IEF-CTAA e IDEP-ATE, durante 2027 el Sector Público Nacional deberá obtener alrededor de 188.000 millones de dólares de financiamiento para afrontar aproximadamente 178.000 millones de dólares en amortizaciones y reducción de pasivos.
Los tres institutos calculan que cerca del 95 por ciento de ese financiamiento vuelve al propio circuito financiero.
En términos populares, el mecanismo se entiende mucho mejor. Se necesita conseguir una enorme cantidad de dinero principalmente para afrontar deuda y obligaciones que ya existen.
La comparación con la inversión pública es contundente.
El Presupuesto contempla más de $324 billones de endeudamiento e incremento de pasivos, mientras el gasto de capital de todo el año ronda apenas los $6 billones.
Y después de semejante movimiento de recursos, según los cálculos del informe, el endeudamiento neto aumenta igualmente alrededor de $17 billones.
Por eso los institutos advierten que mostrar superávit fiscal no significa que Argentina haya dejado atrás el problema de la deuda.
También está la necesidad de dólares.
El Presupuesto proyecta para 2027 un saldo comercial favorable de 15.560 millones de dólares. Sin embargo, el IPyPP-UP, IEF-CTAA e IDEP-ATE calculan que la Administración Nacional enfrentará una brecha de divisas de aproximadamente 12.765 millones de dólares.
Esa necesidad representa el 82 por ciento del excedente comercial esperado.
No quiere decir que automáticamente se vaya a utilizar el 82 por ciento del saldo comercial para pagar deuda. Lo que los institutos buscan mostrar con esa comparación es el enorme tamaño de las necesidades de dólares del Estado frente a las divisas que el país espera generar mediante su comercio exterior.
Y allí se llega al corazón político del informe.
El Gobierno coloca al superávit como una regla que debe cumplirse. Según el análisis de los tres institutos, si la recaudación termina siendo menor a la prevista, el gasto es el que debe acomodarse para mantener ese resultado.
Es lo que el IPyPP-UP, IEF-CTAA e IDEP-ATE denominan “trampa de austeridad”.
Se ajusta el gasto y se comprime la demanda. Una economía más débil puede recaudar menos. Si el superávit continúa siendo una condición inalterable, una menor recaudación vuelve a generar presión para nuevos recortes.
Ajustar para sostener el superávit puede terminar generando las condiciones para volver a ajustar.
Y es ahí donde los números del Presupuesto dejan definitivamente los escritorios.
Porque detrás aparecen la familia que necesita una vivienda, una persona con discapacidad que depende de una prestación, quien cobra una asignación familiar, una escuela, un investigador, una obra que hace falta, el transporte y organismos públicos que acompañan la producción nacional.
El informe conjunto del IPyPP de Unidad Popular, el IEF de la CTA Autónoma y el IDEP de ATE plantea que el Presupuesto 2027 debe leerse desde esa realidad y no solamente desde el resultado fiscal que exhibe el Gobierno.
Mientras el gasto público pierde peso y distintas políticas quedan reducidas o sujetas a nuevas reglas, el país continúa necesitando enormes cantidades de financiamiento para sostener el circuito de la deuda.
Esa es, para los tres institutos, la discusión que queda detrás de los números.
Quién paga el ajuste, qué Estado queda después de hacerlo y cuánto de los recursos del país termina condicionado por una deuda que sigue creciendo.
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