La dirigente nacional de Unidad Popular y referente política de Santa Cruz participó en la Cámara de Diputados de la Nación del debate sobre el Presupuesto Nacional 2027. En medio del ajuste impulsado por el régimen de Javier Milei, la discusión puso en el centro los recursos destinados a las infancias y juventudes, mientras miles de familias trabajadoras enfrentan dificultades para garantizar la alimentación, la salud y la educación de sus hijos.
El debate sobre el Presupuesto Nacional 2027 llegó a la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analizaron las partidas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entre quienes participaron estuvo Olga Reinoso, dirigente nacional de Unidad Popular y referente política de Santa Cruz, acompañando la posición de su espacio frente a las consecuencias sociales del ajuste impulsado por el régimen de Javier Milei.
La discusión se desarrolla en un escenario donde el deterioro de los ingresos familiares, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales afectan directamente las condiciones de vida de las infancias. Para Unidad Popular, el presupuesto nacional expresa las prioridades políticas del Estado y permite conocer qué lugar ocupan los derechos sociales en las decisiones económicas.
El presupuesto destinado a la niñez tiene una importancia que va mucho más allá de las cifras. De esos recursos dependen políticas de alimentación, atención sanitaria, educación, protección social y acompañamiento a las familias. Cuando se reducen o debilitan esas políticas, las consecuencias recaen especialmente sobre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, los análisis presentados ante la comisión advirtieron sobre aspectos preocupantes del proyecto presupuestario, entre ellos los recursos destinados a la primera infancia, la salud y los mecanismos de actualización de las asignaciones familiares. La discusión sobre estos puntos resulta fundamental para evitar que la inflación y las restricciones presupuestarias terminen deteriorando prestaciones que forman parte de los ingresos de millones de hogares.
La Argentina tiene una responsabilidad constitucional y legal con sus infancias. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061 establecen obligaciones concretas para garantizar su protección integral. Esos derechos requieren políticas públicas sostenidas y recursos suficientes para que puedan cumplirse efectivamente en cada provincia, ciudad y barrio del país.
Desde Santa Cruz, la participación de Olga Reinoso incorpora una mirada política vinculada con las dificultades que atraviesan las familias trabajadoras de la provincia. La pérdida de empleos, el deterioro salarial y las necesidades crecientes en los barrios populares también impactan sobre la alimentación, la educación y las oportunidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
En relación con esta discusión, Reinoso planteó una posición centrada en la necesidad de proteger a las infancias frente a las consecuencias del ajuste. En una declaración preparada para esta cobertura, sostuvo:
“Cuando discutimos el Presupuesto Nacional 2027, estamos discutiendo qué futuro queremos para nuestros chicos y chicas. No podemos permitir que el ajuste del régimen de Javier Milei siga golpeando a las familias trabajadoras, mientras cada vez cuesta más garantizar un plato de comida, la educación y la salud de nuestros hijos”.
La dirigente también destacó el trabajo de investigación que desarrolla el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de Unidad Popular, cuyos informes vienen analizando las condiciones de vida de la población y las consecuencias de las políticas económicas.
“Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular venimos estudiando esta realidad. Uno de sus informes mostró que, durante los primeros meses de 2024, siete de cada diez chicos y chicas vivían en hogares pobres. Aunque es un dato de aquel período, nos recuerda la gravedad de una situación que exige respuestas del Estado”, señaló en el texto de la declaración.
La referencia corresponde a estimaciones del IPyPP para el primer trimestre de 2024, cuando el organismo calculó que el 70,6% de niñas, niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza. Se trata de una medición de aquel período, que permite dimensionar la gravedad de la crisis social registrada entonces y la importancia de sostener políticas públicas destinadas a las infancias.
Para Reinoso, la discusión nacional también tiene una expresión concreta en Santa Cruz, donde numerosas familias enfrentan dificultades para sostener sus condiciones de vida.
“En Santa Cruz conocemos las consecuencias de estas políticas. La pérdida de puestos de trabajo, los salarios que no alcanzan y las dificultades que atraviesan nuestros barrios afectan directamente a las infancias”, expresó.
La dirigente vinculó además la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con las condiciones laborales y sociales de sus familias. “Defender a nuestros chicos también significa defender el trabajo de sus padres, la escuela pública, la salud y el derecho de cada familia a vivir dignamente”, sostuvo.
Esta perspectiva plantea que las políticas destinadas a la niñez no pueden analizarse de manera separada de la situación económica general. Cuando una familia pierde su fuente de ingresos o ve deteriorarse su salario, también se reducen sus posibilidades de garantizar una alimentación adecuada, acceder a actividades deportivas y culturales o acompañar el desarrollo educativo de sus hijos.
Por eso, la inversión pública en las infancias constituye una responsabilidad central del Estado. Garantizar derechos implica sostener escuelas, hospitales, centros de atención, programas alimentarios y espacios comunitarios, pero también promover condiciones económicas que permitan a las familias vivir con dignidad.
El debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 vuelve a colocar estas responsabilidades en el centro de la discusión política. Las decisiones que adopte el Congreso tendrán consecuencias sobre la capacidad del Estado nacional para sostener programas sociales y acompañar a las provincias en la atención de necesidades esenciales.
Desde Unidad Popular, la posición es que el ordenamiento de las cuentas públicas no puede construirse a costa del deterioro de los derechos de los sectores populares. La discusión presupuestaria debe contemplar las necesidades reales de la población y reconocer que la inversión en niñez resulta fundamental para reducir desigualdades y garantizar oportunidades.
En ese sentido, Reinoso cerró su posicionamiento con una definición política sobre las prioridades que deberían orientar las decisiones nacionales.
“Desde Unidad Popular sostenemos que la niñez no puede pagar las consecuencias del ajuste. Un país que abandona a sus chicos está hipotecando su propio futuro”.
La participación de la dirigente santacruceña en el Congreso se inscribe así en una discusión que atraviesa a todo el país y que también interpela a las autoridades provinciales y municipales. La protección de las infancias requiere decisiones políticas, presupuesto y una presencia efectiva del Estado en los territorios, especialmente donde las dificultades económicas golpean con mayor fuerza.
Porque detrás de cada partida presupuestaria existen necesidades concretas y derechos que deben garantizarse. Y cuando se discute cuánto destinar a la niñez, también se está definiendo qué oportunidades tendrán las próximas generaciones para construir su futuro.
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