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Nueva evidencia prueba complicidad empresarial y estatal en el tratamiento ilegal de basurales petroleros.

7 de julio de 2024

Nueva evidencia prueba complicidad empresarial y estatal en el tratamiento ilegal de basurales petroleros. 

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, presentó un escrito de ampliación de denuncia penal ante la Fiscalía especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en el marco de la investigación en curso que pesa sobre Comarsa, las corporaciones petroleras que operan en Vaca Muerta y los funcionarios públicos del estado provincial. 

El escrito de ampliación acompaña documentación oficial, informes y testimonios en donde, por una parte, se exponen abiertamente una serie de irregularidades en el accionar de COMARSA, en cuanto al tratamiento de los residuos petroleros; y, por otra parte, el conocimiento de estos incumplimientos reiterados por parte de las autoridades públicas competentes. 

La nueva evidencia surge a partir de la presentación pública del informe “La basura del fracking en Vaca Muerta. Comarsa: contaminación, impunidad y convivencia estatal en el basurero petrolero más grande de la patagonia”, elaborado La Izquierda Diario, Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur, a partir de la información oficial a la que accedió el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) por medio de pedidos de informes dirigidos a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén en enero de 2021.

Se tratan de más de 1180 fojas que contienen las actas de las inspecciones realizadas a Comarsa por técnicos y técnicas de esa Subsecretaría de la Municipalidad de Neuquén y de la Secretaría de Ambiente de Nación entre 2013 y 2021.

También se encuentra el historial de las infracciones constatadas por el órgano de aplicación, los registros del programa de trazabilidad de residuos (incorporados en 2017), estudios de emisiones de gases de hornos pirolíticos y manifiestos de la cadena de custodia. 

Toda esta nueva información ratifica la la entidad, gravedad y cantidad de conductas irregulares detalladas cometidas por la empresa COMARSA, apropiándose ilegalmente de tierras fiscales para depositar en ellas residuos peligrosos provenientes de hidrocarburos no convencionales; las reiteradas declaraciones falaces sobre el volumen de los residuos acopiados; el acopio de basura por sobre las capacidades de tratamiento; no respetar suspensiones por mal funcionamiento de hornos, poniendo en peligro a la  población con emisiones de dioxinas y material particulado, y la cantidad de actas de inspección.

El escrito de ampliación de la denuncia penal afirma que tanto COMARSA como las autoridades estatales “…no pueden desconocer los riesgos que implican para el medio ambiente y la salud pública la gestión y tratamiento deficiente de los residuos peligrosos, máxime teniendo en consideración los especiales conocimientos técnicos e idoneidades que deben cumplir como tratantes de residuos peligrosos. Y pese a todo ello, parece no importarles o como mínimo les resulta indiferente la probable concreción de perjuicios, pues se observa que a la fecha no han cumplido con los presuntos planes de cierre de la plata de PINO, y por otro lado, el modo de proceder irregular vuelve a repetirse en la planta de AÑELO”.

Finalmente, dentro de la ampliación de la denuncia, la Asociación ha incluido la solicitud de que presten declaración testimonial Andrés Blanco, Diputado Provincial de Neuquén (PTS-FI); Cecilia Bianco, Ingeniera y Coordinadora del Área Tóxicos de Taller Ecologista; y Fernando Cabrera Christensen, Lic. en Comunicación y coordinador del Observatorio Petrolero Sur.

La denuncia penal contra los basurales petroleros presentada en diciembre de 2020

En diciembre de 2020, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas reveló el escandaloso negocio millonario de los basurales petroleros en Vaca Muerta, al denunciar penalmente a la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell, Chevron, entre otras, por producir esos residuos en el marco de las perforaciones – fracking mediante – para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables. 

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