Rechazo generalizado al DNU con el que Milei se autoaprueba el acuerdo con el FMI

El presidente Javier Milei decidió avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aprobarse a sí mismo un nuevo acuerdo con el FMI, sin brindar detalles sobre sus términos ni someterlo al debate parlamentario. Con esta maniobra, el régimen busca evitar el control del Congreso y consolidar su política de endeudamiento sin transparencia.

Según la comunicación oficial, el objetivo del acuerdo es que el Tesoro Nacional cancele deuda con el Banco Central, trasladando así el compromiso financiero al FMI. Sin embargo, especialistas y referentes políticos advierten que este mecanismo no reduce la deuda pública, sino que cambia de acreedor, comprometiendo aún más la soberanía económica del país.

Críticas desde distintos sectores

Desde la oposición y el ámbito jurídico cuestionaron con dureza la medida. El diputado Esteban Paulón denunció que el Presidente “prescinde del Congreso y hace lo que se le canta”, eludiendo el debate democrático.

Por su parte, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) alertó que el Gobierno se niega a transparentar los detalles técnicos del acuerdo y los compromisos que asume el país, lo que refuerza la falta de rendición de cuentas en la gestión de la deuda.

El constitucionalista Félix Lonigro advirtió que los DNU tienen fuerza de ley desde su publicación en el Boletín Oficial, incluso si el Congreso no los trata, y que basta con que una sola Cámara no lo rechace para que quede en vigencia indefinidamente. En este sentido, calificó la situación como “el delirio de los DNU”, señalando el abuso del Ejecutivo en su utilización.

Doble vara y contradicciones

En su defensa, el régimen de Milei argumentó que “no existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación” y pidió un “compromiso urgente” del Congreso para aprobar el acuerdo. Sin embargo, la propia historia de Milei desmiente su postura: en marzo de 2022, él y los diputados de La Libertad Avanza votaron en contra del acuerdo con el FMI, mientras que ahora exige apoyo parlamentario para endeudarse en los mismos términos.

Este nuevo decreto confirma el avance de un modelo de gobierno que ignora los contrapesos institucionales y concentra el poder en el Ejecutivo, sin transparencia ni debate. El rechazo generalizado deja en claro que la sociedad y la dirigencia política no están dispuestas a aceptar este nuevo atropello a las instituciones democráticas.