MIGRANTES EN LA MIRA | Trump profundiza la política del miedo

Desde el medio de comunicación Diario Red, se revela una política migratoria cada vez más violenta bajo el nuevo gobierno de Donald Trump. Redadas, detenciones arbitrarias y prisiones inhumanas contra ciudadanos mexicanos. La vida está en juego.

Mientras el gobierno de Estados Unidos endurece su política migratoria con redadas, detenciones arbitrarias y centros de reclusión inhumanos, México enfrenta el desafío de proteger a sus ciudadanos más allá de sus fronteras. No basta con condenas diplomáticas: lo que está en juego es la vida.

1 de julio de 2025, Florida: Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recorren el centro de detención migratorio.

Carlos González, un joven mexicano, viajó a Orlando, Florida, para pasar unas vacaciones. Entró al país con una visa de turista, como lo hacen miles de personas cada año. Pero todo cambió durante un control de tránsito: los policías detectaron que el carro en el que se trasladaba no tenía registro. Una infracción menor, sí, pero lo que siguió carece de proporción.

Sin justificación clara, los agentes ordenaron una “retención migratoria” (inmigration hold), un procedimiento que permite detener a extranjeros mientras se revisa su estatus migratorio. Desde ahí, comenzó una cadena de irregularidades. Carlos fue ingresado a la polémica prisión conocida como Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz), un centro de detención que está bajo jurisdicción estatal, no federal (ICE). No se le asignó un número de caso migratorio, lo que no ha permitido el acceso a una defensa legal adecuada. Peor aún: sus padres denuncian que permanece en el aislamiento.

La historia dio otra vuelta de tuerca cuando su hermano Alejandro, casado con una ciudadana estadounidense, acudió al centro de detención para pedir información. También fue arrestado y recluido en la misma prisión.

El caso de Carlos y Alejandro se suma a otro reciente y doloroso: la muerte de Jaime Alanís, un trabajador agrícola mexicano que cayó de un techo al intentar huir de una redada migratoria.

Ante esta situación, el gobierno mexicano designó a la abogada Andrea Reyes para acompañar legalmente a los dos jóvenes. Este lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los consulados de México en Orlando y Miami están al tanto del caso y brindando asistencia tanto a los hermanos como a sus padres. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, abordó el tema en la conferencia matutina de este martes. Anunció que el gobierno mexicano ya solicitó a Estados Unidos la deportación inmediata de los jóvenes y que se está investigando la situación en la prisión para verificar posibles violaciones a los derechos humanos. También reveló que se han enviado notas diplomáticas, no solo por este caso, sino también por el anuncio del posible uso de la cárcel de Guantánamo para detenidos migratorios.

Estas detenciones arbitrarias de ciudadanos mexicanos deben leerse en conexión con una serie de provocaciones y políticas de corte fascistoide impulsadas por Donald Trump hacia distintos países del continente. Son políticas que cumplen varios objetivos: complacer al movimiento MAGA, su base votante; someter a su “patio trasero” y marcar territorio; y, como siempre, desviar la atención de los problemas internos que se acumulan a diario en su país.

Hace un mes, la noticia de una serie de redadas antiinmigrantes y del caos en las calles de Los Ángeles ocupaba los titulares tanto en Estados Unidos como en América Latina. Los operativos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) implicaron represión y violaciones de derechos para quienes caían en sus garras. Ante esas arbitrariedades, las calles estallaron. Un par de semanas después, Trump anunciaba con bombos y platillos la apertura del nuevo centro de detención en Florida, con un nombre que parece salido de una película de bajo presupuesto: Alligator Alcatraz.

El caso de Carlos y Alejandro se suma a otro reciente y doloroso: la muerte de Jaime Alanís, un trabajador agrícola mexicano que cayó de un techo al intentar huir de una redada migratoria.

Apelar al clasismo, al racismo, a la aporofobia y a la xenofobia se ha vuelto una salida fácil ante la incapacidad de garantizar a la población una vida digna de ser vivida.

La criminalización del “otro” parece funcionar en una sociedad abrumada por los embates del neoliberalismo, donde la clase política, en lugar de enfrentar el problema que nace desde la propia estructura, prefiere desviar la atención culpando a la migración, a los cárteles, a los terroristas o a cualquier “enemigo” imaginario que les convenga en el momento. Apelar al clasismo, al racismo, a la aporofobia y a la xenofobia se ha vuelto una salida fácil ante la incapacidad de garantizar a la población una vida digna de ser vivida.

La migración es el chivo expiatorio de turno y la administración de Trump hace uso del derecho soberano para hacer desaparecer —ya sea mediante redadas violentas, detenciones indefinidas, encarcelamiento en centros no aptos para la vida, deportaciones o incluso la muerte— a una población considerada “desechable” en el capitalismo. Ese derecho de disponer de la vida del otro, sustentado en la idea ficticia del enemigo, es la receta perfecta para un gobierno que representa a un consorcio integrado por supremacistas blancos, grupos neonazis, empresarios de la industria armamentista, criptobros, masculinidades tech y grupos provida.

Frente a este escenario necropolítico, México no puede mantenerse como un espectador indiferente, sobre todo cuando son sus propios ciudadanos quienes enfrentan medidas que ponen en grave riesgo sus vidas. La muerte de Jaime Alanís debió ser una llamada de atención para ir más allá de notas diplomáticas y condenas retóricas. Este lunes, el gobierno de Venezuela inició una investigación penal contra Bukele por violaciones a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos en su megacárcel. Aunque Venezuela poco tiene que perder frente a Estados Unidos —las sanciones y bloqueos ya son una costumbre—, México debe encontrar con urgencia la forma de detener esta política de muerte que pesa sobre su población.