El Senado le marca un límite a Milei y frena el abuso de los DNU
En una votación histórica, el Senado aprobó una reforma que acorta los plazos y endurece las condiciones para que un Decreto de Necesidad y Urgencia siga vigente. La medida envía un mensaje político directo: no habrá cheque en blanco para un gobierno de poder autoritario extremo.
Redacción Raíces Digital.
El Senado de la Nación dio un paso firme para recuperar el equilibrio de poderes frente al avance del Ejecutivo. Con una mayoría amplia, la Cámara Alta aprobó una modificación clave al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU):
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Si el Congreso no aprueba el decreto en un plazo máximo de 90 días, queda automáticamente derogado.
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El rechazo de una sola cámara bastará para anularlo, sin necesidad de que ambas voten en contra.
Esta decisión acaba con la “sanción ficta”, un mecanismo que permitía a los DNU permanecer indefinidamente si no se trataban en el Congreso.
La señal política es clara: gobernar por decreto ya no será un atajo para imponer medidas sin consenso ni debate.
La votación llega en un contexto de desgaste del presidente Javier Milei, con pérdida de apoyo social y tensiones crecientes incluso con sectores aliados. El respaldo a esta reforma unió a fuerzas políticas diversas: opositores históricos, bloques provinciales e incluso legisladores que en otros temas habían acompañado al oficialismo.
La medida también tiene un fuerte peso simbólico: el Senado demostró que puede actuar como contrapeso y no como escribanía del Ejecutivo.
El cambio en la reglamentación de los DNU no solo modifica un procedimiento legislativo. Es un acto de defensa de la democracia frente a un estilo de conducción que concentra poder y reduce el diálogo político al mínimo
En palabras de referentes de la oposición, “la legitimidad no se sostiene sin debate ni control”.
En tiempos donde la urgencia y la excepcionalidad se han vuelto excusas para legislar por decreto, la decisión del Senado es un recordatorio de que los límites institucionales existen para proteger a la sociedad del poder absoluto.
Si el Congreso mantiene esta postura, será más difícil para cualquier gobierno —sea Milei o quien lo suceda— gobernar por decreto sin rendir cuentas.
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