México en camino a reforzar control y protección de las aguas nacionales

México presentó una reforma legislativa, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, para devolver al Estado el control del recurso hídrico.

El Gobierno de México puso en marcha un proceso de reforma profunda a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) con el objetivo de expedir una Ley General de Aguas que rescate el control de este recurso vital como un bien de la nación. La iniciativa busca establecer un marco legal severo que ponga fin a las prácticas históricas de acaparamiento, uso ilegal y corrupción que ha afectado la gestión hídrica del país.

Esta propuesta, difundida tras el adelanto brindado por la presidenta Claudia Sheinbaum, está diseñada para garantizar de forma efectiva el acceso al agua para toda la sociedad civil. Para ello, se centra en el fortalecimiento de las sanciones a todas aquellas prácticas que merman la disponibilidad del recurso, atacando tanto al crimen organizado como a los abusos de poder.

Uno de los cambios más relevantes es la adición de delitos relacionados con el agua al Código Penal Federal, corrigiendo un vacío legal que actualmente no contempla penas de prisión para el robo de este recurso. El anteproyecto de ley, que será discutido en el Congreso, eleva el monto máximo de las multas de 2 millones a más de 5 millones de pesos, además de establecer penas de cárcel de hasta 12 años para diversas conductas ilícitas.

Entre los crímenes que podrán ameritar prisión se encuentran el traslado de aguas nacionales sin autorización, el desvío de cauces que comprometa la seguridad de la población o de los ecosistemas, y la manipulación intencional de los equipos de medición para simular consumos inferiores a los reales. Estas disposiciones buscan impactar directamente a quienes incurren en la explotación clandestina. La reforma pone un énfasis particular en castigar la corrupción y el abuso de poder dentro de la administración pública. Se contemplan penas de dos a 12 años de prisión para los servidores públicos que otorguen concesiones o asignaciones a cambio de beneficios indebidos. De igual forma, se sancionará con hasta 12 años de cárcel a quienes busquen obtener títulos de concesión mediante sobornos.

Asimismo, más allá de la sanción, la nueva ley también introduce el concepto de “responsabilidad hídrica”, figura legal destinada a reconocer y premiar las buenas prácticas de los concesionarios y asignatarios que demuestren un manejo transparente y adecuado del recurso, complementando las nuevas faltas administrativas que prevén la clausura definitiva de obras y la revocación de títulos por explotación superior a los volúmenes autorizados.

Autor: teleSUR