Se prende fuego la Patagónia

Incendios en la Patagonia y el debate de fondo sobre la tierra

Los incendios forestales que atraviesan la Patagonia vuelven a colocar en primer plano una discusión que el país conoce bien, aunque muchas veces elige postergar: qué lugar ocupa la tierra en nuestro modelo de desarrollo y qué rol debe asumir el Estado frente a los intereses que se disputan el territorio. Discusión similar deberemos dar cuando debatamos la ley de Glaciares, qué lugar ocupa el agua en nuestro territorio y en nuestra soberanía.

En ese contexto adquieren relevancia declaraciones realizadas tiempo atrás por quien fuera vocero presidencial y hoy ocupa la Jefatura de Gabinete, en las que cuestionó, como lo hace siempre el neoliberalismo capitalista que acumula riquezas para unos pocos, las normas que regulan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y aquellas que impiden modificar el uso del suelo luego de un incendio, presentándolas como obstáculos para la producción. Recuperar ese planteo en medio de una emergencia ambiental no es un detalle menor del debate público, sino una señal sobre el enfoque con el que se observa la Patagonia desde el poder central. No somos el patio

trasero de nadie ni la joya de la abuela que la entregan por 30 monedas.

La Argentina cuenta desde 2011 con la Ley 26.737, que establece límites y condiciones a la compra de tierras rurales por personas extranjeras. Esa ley no prohíbe la inversión ni la actividad productiva; introduce reglas para proteger un recurso estratégico en un país extenso, diverso y con regiones especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental y social. La Patagonia es una de ellas.

Durante el actual gobierno nacional, esa norma no fue derogada ni modificada por el Congreso, pero sí fue alcanzada por disposiciones incluidas en un Decreto de Necesidad y Urgencia no tan necesario ni urgente como todos los DNU de este gobierno, cuyo alcance se encuentra cuestionado judicialmente y forma parte de un debate institucional aún abierto. Del mismo modo, se anunciaron intenciones de avanzar en reformas sobre el régimen de manejo del fuego y el uso posterior de las tierras incendiadas, aunque no existe hasta el momento una ley sancionada que haya alterado ese marco legal y trabajaremos para que eso no suceda.

Traer esta discusión al presente, mientras brigadistas combaten el fuego y comunidades enteras enfrentan pérdidas materiales y ambientales profundas, obliga a una reflexión más amplia. Las normas que restringen el cambio de uso del suelo tras un incendio no surgieron de una lógica punitiva ni ideológica, sino de una experiencia acumulada que mostró cómo, en determinadas circunstancias, el fuego terminó siendo funcional a procesos de reconfiguración del territorio ajenos a la producción y al arraigo.

El punto central no es técnico ni administrativo. Es político. Se discute si la tierra es únicamente un activo económico sujeto a las reglas del mercado o si es, además, un bien estratégico que requiere planificación, cuidado y presencia estatal. Se discute si frente a una crisis ambiental la respuesta debe ser la flexibilización de los límites o el fortalecimiento de las herramientas públicas de control y protección. *Si es un Estado bobo y ausente o un Estado presente y con política de estado.

La Patagonia no es un espacio vacío ni disponible para ensayos improvisados. Es una región habitada, productiva, con comunidades que viven y trabajan en ella, y con un patrimonio natural que excede cualquier coyuntura. Lo que se diga y se decida en momentos de emergencia no es neutro, porque anticipa el tipo de país que se proyecta cuando la urgencia pase.

El debate sobre los incendios forestales debería servir para pensar políticas de largo plazo, no para relativizar normas que fueron construidas para evitar daños mayores. La tierra, especialmente en la Patagonia, no puede pensarse al margen de la soberanía, del ambiente y de la responsabilidad pública.