El Régimen de Milei revisará y dará de baja miles de pensiones: sólo las más vulnerables continuarán

En una medida polémica que ya está generando reacciones en diversos sectores, el Régimen de Javier Milei ha anunciado una revisión exhaustiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, con el objetivo de eliminar aquellas que no cumplen ciertos requisitos de vulnerabilidad. Este ajuste, según fuentes gubernamentales, tiene como fin redistribuir recursos públicos hacia quienes realmente los necesitan, aunque podría impactar a miles de beneficiarios que han venido recibiendo este tipo de ayuda.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido clave en este proceso de auditoría, señalando que entre el 30% y el 40% de los beneficiarios revisados no cumplen con los criterios actuales de elegibilidad. Este número representa potencialmente más de 120,000 personas que podrían perder su pensión, situación que genera incertidumbre entre sectores vulnerables y grupos de defensa de derechos sociales. Las pensiones que continúen activas serán exclusivamente aquellas que cumplan con requisitos específicos, como no contar con empleo formal, carecer de otros subsidios del Estado, y no poseer propiedades ni vehículos que puedan ser considerados un recurso económico.

Según se informó, el Gobierno espera que esta revisión permita un uso más eficiente de los recursos, dirigiéndolos a casos de necesidad extrema. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación por su impacto en la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad. Desde organizaciones sociales y sindicatos se ha advertido que esta medida, de aplicarse de manera indiscriminada, podría dejar en situación crítica a muchas personas con discapacidades reales que dependen de esta ayuda estatal para subsistir.

El enfoque de Milei hacia el “achicamiento del Estado” se ve reflejado en esta política de revisión de pensiones, que algunos interpretan como un ajuste severo que podría tener consecuencias profundas en la estructura de seguridad social del país. Por su parte, sectores afines al gobierno defienden la medida como una estrategia para combatir el fraude y el uso indebido de los recursos públicos.

La controversia y el desafío que enfrenta el Gobierno ahora reside en garantizar que estas bajas de pensiones no afecten a aquellos que realmente necesitan el apoyo.