El régimen de Milei y la desregulación del GLP: ¿Libertad para las empresas o más pobreza para los hogares?

Redacción / El régimen, liderado por Javier Milei, continúa avanzando con políticas de desregulación que benefician a los grandes actores económicos, esta vez afectando de lleno a los sectores más vulnerables. Con la publicación de la Resolución 15/2025 en el Boletín Oficial, se elimina la regulación de precios máximos para el Gas Licuado de Petróleo (GLP), una medida que podría agravar la crisis energética de millones de familias argentinas.

La medida se fundamenta en un discurso que apela a la “libre competencia y eficiencia del mercado”. Sin embargo, detrás de estas palabras se esconde un golpe directo al bolsillo de los sectores populares. Las garrafas, indispensables en hogares sin acceso al gas natural por redes, verán aumentos considerables en sus precios, dejando a miles en una situación de mayor vulnerabilidad.

Puntos clave de la desregulación

1. Desregulación del mercado de GLP: Se busca pasar de un sistema con precios máximos regulados por el Estado a uno donde los valores sean definidos por la oferta y la demanda. El argumento oficial es que esto fomentará la competencia y la eficiencia, aunque en la práctica podría traducirse en aumentos desmedidos.

2. Precios de referencia no vinculantes: Se mantendrán precios orientativos para las garrafas, pero estos no serán de cumplimiento obligatorio. La falta de control estatal deja a los consumidores sin protección ante posibles abusos de precios.

3. Prioridad al abastecimiento interno: Las empresas productoras estarán obligadas a garantizar un suministro continuo para el mercado interno. Sin embargo, en un contexto de desregulación, esta prioridad puede quedar subordinada al interés de maximizar ganancias.

4. Eliminación de regulaciones sobre bocas de carga y aportes: La medida elimina las normas que asignaban cupos y aportes a fraccionadores y productores, lo que supuestamente otorgará más “libertad” al mercado. En realidad, esta decisión podría desarticular la estructura que aseguraba una distribución equitativa del recurso.

5. Volumen Máximo Permitido (VMP): Se introduce un límite a la cantidad de GLP que los fraccionadores pueden adquirir, basado en su capacidad operativa y rotación de envases. Esto podría generar tensiones en el abastecimiento y favorecer a las grandes empresas en detrimento de las más pequeñas.

6. Modificaciones al Programa Hogares con Garrafas (HOGAR): Aunque el programa continuará subsidiando a los hogares sin acceso al gas por redes, los montos de los subsidios quedan desactualizados frente a los aumentos de precios previstos. Esto profundiza la desigualdad energética entre quienes acceden al gas natural y quienes dependen del GLP.

Consecuencias previsibles: más desigualdad y exclusión

La eliminación de precios máximos ya está mostrando su impacto: en menos de dos meses, las garrafas de 10 kg pasaron de $8.500 a $11.500, y se espera que lleguen a valores entre $14.000 y $16.000 estos montos de precios varían según la región. Este incremento supera el 60% y deja a miles de familias sin alternativas accesibles para cocinar o calefaccionarse.

En zonas rurales y urbanas vulnerables, donde el gas en garrafa es el único recurso energético disponible, estos aumentos constituyen un golpe directo al derecho a una vida digna. Mientras tanto, el gobierno de Milei insiste en un discurso que prioriza los intereses del mercado sobre las necesidades básicas de la población.

Un modelo que excluye

Esta decisión expone una vez más el enfoque del gobierno de La Libertad Avanza: eliminar regulaciones que protegían a los más vulnerables para beneficiar a los grandes jugadores del mercado. En lugar de garantizar un acceso justo y equitativo a los recursos energéticos, se deja a millones de argentinos a merced de la especulación y las fluctuaciones del mercado.

Si bien desde el oficialismo se presenta esta medida como una solución “eficiente”, en realidad pone en riesgo el acceso de miles de hogares a un recurso esencial. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde llegará este modelo de desregulación y cuánto más podrán soportar los sectores populares?

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