Fuerte rechazo sindical a la fusión de entes reguladores de energía

✍️ Redacción Raíces Digital

La Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas) encendió la alarma ante el decreto 452/2025 del régimen de Milei, que oficializa la fusión del ENARGAS y el ENRE en un solo ente regulador. Lejos de tratarse de una modernización, el gremio liderado por Rubén Ruiz advirtió que la medida representa un retroceso peligroso, reduce el control estatal en sectores estratégicos y va “a contramano del mundo”.

El Ejecutivo nacional intenta justificar la creación del nuevo organismo bajo el argumento de alinearse con los “estándares internacionales propuestos por la OCDE”. Sin embargo, desde APJ-Gas desmienten esa premisa y denuncian una tergiversación del escenario internacional. “El mundo va para otro lado”, sentenciaron. Reconocen que en algunos países existen entes reguladores unificados, pero subrayan que la tendencia global es hacia una estructura más amplia y especializada, no más reducida.

Europa, Estados Unidos y Japón fueron citados como ejemplos de modelos con múltiples agencias especializadas, que operan con una fuerte presencia estatal y miles de trabajadores técnicos y profesionales formados. En ese contexto, desde el sindicato remarcaron que en esos países hay “bastante más escalones regulatorios y más trabajadores que los existentes en nuestro país. No, al revés”.

En Argentina, los organismos ahora fusionados cuentan con apenas 800 trabajadores: unos 500 en ENARGAS y 300 en el ENRE. Para el sindicato, disolver estas estructuras y concentrar funciones en un único ente pone en riesgo el control de miles de kilómetros de gasoductos, redes y líneas de alta tensión, en un país que ya ha sufrido graves consecuencias por la falta de inversión y de regulación efectiva.

La crítica de APJ-Gas se resume en una frase que resuena con fuerza en un contexto de crisis energética: “Los usuarios necesitamos mayores controles con poder. Las temperaturas extremas demostraron que el mercado no se autorregula”.

La voz del gremio marca una línea de advertencia ante una decisión que podría debilitar la soberanía energética y la seguridad de millones de argentinos. Menos Estado, menos regulación y menos trabajadores especializados no es sinónimo de eficiencia. Es una señal de alarma.