Guerra cognitiva contra la producción: cómo el régimen de Milei empuja a las PyMEs al abismo

Redacción Raíces Digital | Cierres en cadena, despidos y asfixia financiera mientras el régimen instala un relato que justifica la destrucción productiva. Con datos de CEPA e IPyPP y advertencias del sector PyME, esta editorial expone cómo el ajuste de Milei se sostiene también sobre una guerra cognitiva que busca naturalizar el daño social y económico.

No se trata solo de ajuste económico: se trata de una batalla por el sentido común.

Mientras miles de pequeñas y medianas empresas cierran sus puertas en todo el país, el régimen de Javier Milei insiste en un relato que busca convertir la destrucción productiva en un daño aceptable, casi inevitable. La crisis de las PyMEs ocurre en simultáneo con una ofensiva discursiva que deslegitima el trabajo, el mercado interno y la intervención del Estado, configurando un escenario que puede leerse claramente en clave de guerra cognitiva.

Las PyMEs —pequeñas y medianas empresas— no son un actor marginal de la economía argentina. Representan más del 90% del entramado empresarial y generan alrededor del 70% del empleo privado registrado, según datos estructurales del sistema productivo nacional. Son comercios, talleres, industrias, cooperativas y emprendimientos familiares que sostienen empleo local, arraigo territorial y vida económica en ciudades y pueblos, especialmente en el interior del país. Sin embargo, el actual modelo económico las coloca deliberadamente en el centro del sacrificio.

De acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 15.500 empresas cerraron desde el inicio del actual ciclo de ajuste, en su enorme mayoría PyMEs. Por su parte, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) advierte que esta destrucción no responde a fallas individuales ni a “ineficiencias del mercado”, sino a una combinación de políticas concretas: caída abrupta del consumo interno, apertura indiscriminada de importaciones, tarifas dolarizadas, tasas de interés prohibitivas y desaparición del crédito productivo. Producir se volvió inviable, mientras se estimula la especulación financiera.

Pero el golpe no es solo económico. La guerra cognitiva opera cuando el cierre de empresas se presenta como “depuración”, el despido se redefine como “libertad” y la recesión se vende como virtud moral. En ese marco, las PyMEs dejan de ser motor del desarrollo para convertirse en un “estorbo” dentro del relato oficial, culpabilizadas por no sobrevivir en un escenario diseñado para expulsarlas.

Desde Santa Cruz, Guillermo Polke, presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, fue contundente en declaraciones públicas: “Las PyMEs no piden privilegios, piden reglas mínimas para seguir produciendo y sostener empleo”, advirtiendo que el actual rumbo económico está provocando cierres en cadena y pérdida de puestos de trabajo en el interior del país. Sus afirmaciones coinciden con las advertencias de cámaras empresarias de Capital Federal y el conurbano bonaerense, que señalan que sin mercado interno no hay producción posible.

En este contexto, la ofensiva discursiva cumple un rol central. Se instala la idea de que el Estado debe retirarse, incluso cuando ese retiro deja a miles de empresas libradas a competir en condiciones desiguales frente a importaciones subsidiadas y grandes grupos concentrados. La guerra cognitiva no busca convencer con datos: busca desgastar, desmoralizar y naturalizar el daño, para que el cierre de una PyME deje de generar indignación y pase a ser parte del paisaje cotidiano.

Los números son contundentes, pero el impacto es social, territorial y político. Cada PyME que cierra no es solo una unidad económica que desaparece: son empleos que se pierden, saberes que se diluyen, comunidades que se debilitan y territorios que se vacían. Sin embargo, el discurso oficial insiste en mirar hacia otro lado, celebrando el ajuste como si fuera orden, cuando en realidad es exclusión planificada.

Atribuir responsabilidades es inevitable. La destrucción del entramado PyME no es un daño colateral, es coherente con un modelo que desprecia la producción nacional y convierte la economía en un terreno para pocos ganadores y muchos expulsados. En ese marco, la guerra cognitiva funciona como cobertura simbólica de una política económica que avanza contra el trabajo, la industria y el desarrollo federal.