La CTA, junto a organismos de DDHH, reclama al Senado el rechazo al proyecto denominado «Ley Antimafia»

La solicitud lleva la firma del Secretario General de la CTA, Hugo Godoy y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros referentes.

La CTA junto a organismos y personalidades de Derechos Humanos realizó una presentación a la Cámara de Senadores solicitando el rechazo en todos sus términos del proyecto de Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado.

El  proyecto «está plagado de problemas dogmáticos que vulneran entre otras cosas institutos elementales básicos, a los que debe someterse la legislación penal de nuestro país por imperativo constitucional, tales como el  principio de legalidad, el principio de responsabilidad por el hecho del que se es autor (derecho penal de  acto), al atribuir sanción  penal a una persona por integrar un  grupo determinado sin haber cometido ningún hecho», afirman en la presentación.

La solicitud lleva la firmas de Hugo Ernesto Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma; Adolfo Pérez Esquivel,  Presidente Honorario SERPAJ; Ana María Careaga, Co-Presidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia V. Rocca,  Presidenta Asociación Argentina de Juristas y Vicepresidenta de la Asociación Americana de Juristas; y de Iris Avellaneda, Presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Asimismo, adhieren a la presentación: Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltazar Garzón Real (Jurista Español) y Roberto Pompa (Presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo).

El escrito hace un pormenorizado análisis del proyecto denominado «Proyecto de ley contra el crimen organizado», impulsado por el ejecutivo, y que ya fue tratado en carácter informativo por el plenario conjunto de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el pasado 6 noviembre y sostiene que «Además de estas cuestiones muy  graves, como la supresión de garantías procesales y conflictos de jurisdicción -entre otros-, el proyecto se explaya sobre  otros  aspectos  más  preocupantes  que  se  vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad».

Además, se fundamenta sobre su «Inconstitucionalidad, inconvencionalidad», dado que se pretende «una reforma ilegal del estado de sitio constitucional» dado que se podrían instaurar la denominada “Zona de investigación especial” con atributos discrecionales para las fuerzas de seguridad de «detener personas sin orden judicial reemplazando la exigencia legal de “sospecha de comisión de un delito” de los códigos procesales del país por el ligero motivo de “averiguación” por plazo de hasta 30 días (art. 6)».

El proyecto de ley implica una «Supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales»; y genera un «conflicto jurisdiccional federal y otras inconstitucionalidades», insisten.  Del mismo modo, se preguntan «¿Cuál es el objetivo real de la denominada Ley Antimafia?: La respuesta a la pregunta efectuada al final del anterior apartado, debe ser analizada  a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los  decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal  sancionados y en ciernes».

Este proyecto se inscribe, entonces, en el marco de toda una serie de respuestas represivas que desde el decreto 70/23 y la denominada ley Bases, el gobierno ha venido impulsando.

Ver solicitud: NOTA AL SENADO PIDIENDO EL RECHAZO DE LA LEY ANTIMAFIAS