La Iglesia Católica denuncia acciones del régimen contra los pueblos indígenas

La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresó una fuerte preocupación por las políticas del Gobierno Nacional hacia los derechos de los pueblos indígenas, calificándolas como un retroceso tanto en el plano nacional como internacional. Estas declaraciones llegan luego de que Argentina fuera el único país en votar en contra de una resolución de derechos indígenas en la Asamblea General de la ONU.

Un contexto alarmante: políticas y derechos indígenas

La Ley 26.160, que declara la emergencia territorial para los pueblos indígenas, está próxima a caducar. Esta legislación, fundamental para la protección de los territorios ancestrales, evita desalojos y promueve la regularización de tierras indígenas. Ante la posible caída de esta norma, la Iglesia advirtió que se generará “un escenario de mayor conflictividad y vulnerabilidad”.

En paralelo, el régimen de Milei se enfrenta a críticas internacionales. El rechazo argentino en la ONU a una resolución que promovía los derechos de las comunidades indígenas refuerza las preocupaciones sobre un desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a protegerlos. Según CEPA y Endepa, esta postura responde a un modelo extractivista que prioriza intereses económicos sobre los derechos territoriales y culturales de las comunidades.

Retrocesos en derechos y un modelo extractivista

La declaración conjunta de la Iglesia señala que el desfinanciamiento de programas de apoyo a pueblos originarios y el avance de proyectos extractivistas intensifican los conflictos territoriales. “Es un nuevo avance en contra del reconocimiento de derechos indígenas consagrados en la Constitución desde hace 30 años”, remarcaron las instituciones religiosas. Este contexto evidencia una pérdida de compromiso estatal con el bienestar y la identidad de las comunidades indígenas.

Una llamada al compromiso

La Iglesia instó a los funcionarios de argentina a asumir un compromiso serio y concreto para evitar un agravamiento de la situación. También pidió a los Estados provinciales y a la sociedad civil que se movilicen en defensa de los derechos indígenas, en un contexto de crecientes tensiones y amenazas para estas comunidades.

La postura de la Iglesia Católica refuerza las voces que denuncian el avance de políticas que ignoran los compromisos asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y justicia social. El voto en la ONU y la caducidad de la Ley 26.160 actúan como alarmas ante un posible incremento de la vulnerabilidad de los pueblos originarios. La lucha por la preservación de sus derechos y territorios se convierte en una urgencia colectiva.