La movilización del Sindicato Petrolero frente a la Legislatura dejó al descubierto las tensiones entre Claudio Vidal y la conducción gremial de Rafael Güenchenén. La prórroga de la emergencia hidrocarburífera terminó archivada con 21 votos, en medio de cuestionamientos por la pérdida de puestos de trabajo, la falta de inversiones y las dificultades del oficialismo para sostener acuerdos legislativos.
La sesión del jueves 22 de octubre dejó una imagen política significativa en Santa Cruz: el sindicato que durante años condujo el actual gobernador Claudio Vidal se movilizó frente a la Cámara de Diputados para cuestionar la continuidad de una herramienta impulsada por su propio gobierno. Dentro del recinto, el proyecto terminó archivado con 21 votos, mientras las diferencias entre el Ejecutivo provincial y la organización petrolera adquirían una nueva dimensión pública.
El conflicto supera ampliamente la discusión legislativa. El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), conducido por Rafael Güenchenén, viene tomando distancia de Vidal, particularmente por la pérdida de empleos, la salida de YPF de las áreas convencionales y los resultados de las políticas destinadas a recuperar la actividad.
La relación entre ambos dirigentes tiene una historia particular. Vidal construyó buena parte de su trayectoria política desde la conducción del gremio petrolero, organización que fue uno de los pilares de su llegada a la gobernación en 2023. Güenchenén, quien lo sucedió al frente del sindicato, hoy expresa cuestionamientos públicos a decisiones de la gestión provincial.
Durante la movilización, el dirigente sindical sostuvo que el Gobierno no acompañó al gremio cuando tuvo que defender los puestos de trabajo. Sus declaraciones reflejan diferencias que ya no se limitan a las negociaciones sectoriales y que comienzan a tener consecuencias en el escenario político santacruceño.
La emergencia hidrocarburífera había sido aprobada mediante la Ley Provincial 3914, sancionada en febrero de 2025, para enfrentar la crisis de la actividad petrolera, especialmente en los yacimientos convencionales. La norma estableció herramientas excepcionales destinadas a facilitar inversiones, sostener la producción y preservar el empleo.
Entre sus principales disposiciones contemplaba beneficios impositivos y reducciones de regalías para las empresas operadoras, sujetos a planes de inversión y trabajo. En términos concretos, la Provincia podía resignar parte de sus ingresos petroleros para incentivar a las compañías a invertir y mantener la actividad laboral.
Sin embargo, los resultados de esa política quedaron bajo cuestionamiento. El SIPGER denunció que no se constituyó la comisión de seguimiento con participación de trabajadores, empresas y Gobierno, que, según el gremio, había sido anunciada durante la primera prórroga. También reclamó que las operadoras presenten públicamente sus compromisos de inversión ante la Legislatura.
La emergencia original tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y posteriormente fue extendida mediante el Decreto 64/2026, sujeto a la intervención legislativa. Su continuidad terminó generando un conflicto que encontró al oficialismo frente a los reclamos de una organización sindical históricamente vinculada con Vidal.
Güenchenén mencionó la situación de los trabajadores de Interlagos y advirtió sobre nuevas desvinculaciones. Para el gremio, las medidas excepcionales no consiguieron garantizar la recuperación laboral prometida, mientras la incertidumbre continuaba afectando a numerosas familias vinculadas con la actividad petrolera.
En la Legislatura, el diputado Daniel Peralta cuestionó los fundamentos y la documentación presentada para justificar la continuidad de la emergencia. Recordó que la norma original había recibido respaldo unánime y reclamó mayores explicaciones sobre la necesidad de prolongar las facultades extraordinarias.
El tratamiento legislativo también dejó expuestas las dificultades del oficialismo para construir acuerdos políticos. La fragmentación parlamentaria obliga al bloque vinculado con Vidal a negociar cada iniciativa, incluso aquellas relacionadas con sectores estratégicos de la economía provincial.
No obstante, el desenlace tuvo una particularidad. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, sostuvo que el propio Ejecutivo había solicitado archivar la prórroga porque ya no consideraba necesarias las facultades excepcionales. Según explicó, el Gobierno pudo afrontar la transición de las áreas anteriormente operadas por YPF utilizando las herramientas legales existentes.
Esa posición contrasta con la interpretación del sindicato, que celebró el archivo como resultado de sus cuestionamientos a una política que considera insuficiente. Las diferencias muestran que, detrás de una misma resolución legislativa, existen evaluaciones enfrentadas sobre la situación de la industria petrolera.
El escenario adquiere mayor importancia por las consecuencias económicas y sociales de la crisis. La caída de la actividad convencional no afecta solamente a los trabajadores petroleros: también repercute en las empresas de servicios, el transporte, las pequeñas y medianas empresas y los ingresos provinciales provenientes de las regalías.
En términos políticos, las declaraciones de Güenchenén y la movilización frente a la Legislatura representan un distanciamiento público respecto del gobernador, aunque todavía no permiten afirmar que exista una ruptura definitiva. Para Vidal, la situación plantea el desafío de sostener su política energética frente a los cuestionamientos de un sindicato que fue central en su trayectoria política.
La emergencia hidrocarburífera terminó archivada, pero los problemas que motivaron su aprobación siguen presentes. La pérdida de empleos, las inversiones pendientes y la necesidad de recuperar la producción continúan formando parte de una discusión que el Gobierno provincial deberá afrontar.
Santa Cruz necesita conocer cuánto se resignó en regalías, qué inversiones realizaron efectivamente las operadoras, cuántos puestos de trabajo se perdieron y qué controles ejerció el Estado sobre los compromisos asumidos por las empresas.
Porque después de las declaraciones, las movilizaciones y las decisiones legislativas, la cuestión central sigue siendo quién responde por los trabajadores y las comunidades que dependen de la actividad petrolera.
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