Eduardo Elsztain y el oro de San Juan: ¿inversión o saqueo disfrazado?

El dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, se ha convertido en el principal accionista de la minera australiana Challenger Gold, afianzando su control sobre el proyecto aurífero Hualilán en  San Juan. En un contexto de beneficios fiscales promovidos por el gobierno de Milei, ¿es esta una apuesta por el desarrollo local o un nuevo episodio de despojo extractivista?

La reciente adquisición del 12,7% de Challenger Gold por parte del magnate Eduardo Elsztain, líder del grupo inmobiliario IRSA, marca un capítulo significativo en la historia de la minera argentina. Con una inversión de más de 6,6 millones de dólares, Elsztain reafirma su intención de consolidar su posición en el lucrativo sector aurífero. Sin embargo, esta maniobra empresarial no está exenta de controversias. Bajo el paraguas de un gobierno que aboga por la desregulación y los beneficios fiscales a grandes inversiones, como el de Javier Milei, el avance del capital privado amenaza con profundizar las desigualdades y la dependencia económica de regiones como San Juan.

El proyecto Hualilán, situado en San Juan, ha sido promocionado como una “tierra de oro” por su riqueza mineralógica. Con una estimación de recursos de 2,8 millones de onzas de oro equivalente (AuEq), el yacimiento se presenta como uno de los más prometedores de Argentina. Elsztain, quien también controla la planta de procesamiento Casposo en la misma provincia, ha cerrado acuerdos clave para garantizar el flujo de material aurífero hacia esta instalación. El empresario pretende generar un flujo de caja inmediato gracias al alto precio internacional del oro, que actualmente supera los 2.500 dólares por onza.

Según los términos del acuerdo, Casposo procesará 150.000 toneladas anuales de mineral proveniente de Hualilán, mientras que la planta será remodelada con un préstamo de 7 millones de dólares otorgado por el Banco San Juan. Esta simbiosis entre recursos naturales, financiamiento local y capital privado parece una estrategia perfecta para maximizar ganancias. Pero ¿quién realmente se beneficia de esta bonanza extractivista?

El gobierno de Javier Milei ha establecido un clima favorable para este tipo de inversiones a través del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema ofrece exenciones fiscales y beneficios a empresas extranjeras y locales dispuestas a explotar los recursos del país. Mientras tanto, las comunidades locales y los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y un deterioro ambiental irreversible.

El caso de Hualilán no es una excepción. Aunque se promueven cifras optimistas de empleo y desarrollo, los históricos patrones extractivistas en Argentina muestran un panorama diferente: contaminación, sobreexplotación de los recursos naturales y una participación mínima de las comunidades en las ganancias generadas. La historia parece repetirse, ahora con Elsztain como protagonista y el gobierno de Milei como facilitador.

Hualilán es presentado como una oportunidad para diversificar la economía de San Juan, pero detrás de los números dorados se oculta una realidad más sombría. La planta de Casposo, reactivada con financiamiento local, ya ha enfrentado cuestionamientos por su impacto ambiental. La promoción de “empleos directos” no compensa la pérdida de otras actividades productivas tradicionales que quedan relegadas o destruidas por la contaminación del agua y el suelo.

Además, el control de las ganancias sigue concentrándose en manos de grandes corporaciones y figuras como Elsztain. La distribución de regalías mineras y beneficios económicos apenas toca las bases sociales de la región, perpetuando una dependencia que debilita las economías locales. Las comunidades siguen siendo observadoras pasivas mientras el oro, un recurso no renovable, es extraído y exportado a mercados internacionales.

La complicidad del gobierno de Milei en el fortalecimiento de estas dinámicas de saqueo es innegable. Bajo su mandato, la regulación ambiental ha sido flexibilizada, y las voces críticas de las comunidades han sido sistemáticamente desoídas o reprimidas. El discurso de “libertad económica” del presidente no es más que un eufemismo para justificar la entrega de los bienes comunes a los intereses del capital privado.

El avance de proyectos como Hualilán plantea preguntas fundamentales sobre la soberanía económica y ambiental de Argentina. ¿Cómo es posible que un país rico en recursos naturales continúe atrapado en la trampa del subdesarrollo? La respuesta radica en la falta de voluntad política para transformar el modelo extractivista en uno que priorice el desarrollo integral y sustentable.

La apuesta de Eduardo Elsztain por el proyecto Hualilán no es más que una pieza más en el engranaje del saqueo sistemático de los recursos naturales de Argentina. Mientras las comunidades locales soportan los costos ambientales y sociales, las grandes fortunas celebran un sistema que perpetúa las desigualdades. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un mediador justo, se ha convertido en cómplice activo de esta dinámica.

¿Es este el futuro que queremos para nuestro país? La respuesta exige una revisión profunda de las políticas extractivistas, un compromiso real con el desarrollo sostenible y una defensa activa de los derechos de las comunidades afectadas. De lo contrario, el oro de  San Juan seguirá brillando solo para unos pocos.

#EnOrsai