¿Por qué Vidal prioriza los aparatos biométricos en lugar de las necesidades urgentes del pueblo?

El gobierno de Santa Cruz, encabezado por Claudio Vidal, presentó con bombos y platillos la implementación de un sistema biométrico en la administración pública, justificando la medida como parte del “Plan de Modernización”. Según declaraciones de la ministra Cecilia Borselli, se busca mejorar la gestión estatal, optimizar recursos y garantizar derechos laborales. Sin embargo, la inversión de 31 millones de pesos en este proyecto deja serias dudas sobre las verdaderas prioridades de la provincia y las intenciones detrás de esta decisión.

Por Equipo de Raíces Digital

¿Por qué esto es una prioridad para el Gobernador?

En una provincia con carencias en infraestructura básica como agua potable, cloacas y redes de gas, muchos santacruceños se preguntan por qué Vidal considera urgente la compra de 152 dispositivos biométricos. ¿Qué hace que un sistema de control de asistencia pese más en la agenda gubernamental que atender las necesidades de los barrios populares de las distintas ciudades de la provincia?

Mientras las y los trabajadores estatales lidian con salarios insuficientes y luchan por mejores condiciones laborales y el pase a planta permanente, el gobierno destina una suma millonaria a una tecnología que, si bien promete transparencia, parece desconectada de las verdaderas demandas sociales.

Un negocio poco claro

Otro punto que inquieta es la falta de información sobre la empresa encargada de suministrar los dispositivos y el proceso de contratación. ¿Qué firma está detrás de esta tecnología y cómo fue seleccionada? ¿Hubo licitación pública? Estas son preguntas legítimas que el pueblo y las y los trabajadores del estado se plantean, especialmente cuando los recursos involucrados provienen de los impuestos de los santacruceños y santacruceñas.

¿Transparencia o control?

Los dispositivos incluyen reconocimiento facial, huellas dactilares y cámaras integradas, herramientas que han generado recelo entre las y los trabajadores. Aunque la ministra afirma que esto es para “resguardar derechos”, el contexto plantea otra lectura: ¿podría este sistema convertirse en un instrumento de vigilancia y control? ¿Busca el gobierno garantizar mayor eficiencia o limitar las libertades de los estatales?

Un plan que no resuelve las necesidades del pueblo

Los 31 millones de pesos invertidos podrían haberse destinado a resolver problemas más urgentes y visibles. Barrios que aún no tienen acceso a agua potable o cloacas reflejan una realidad que contradice las prioridades del Plan de Modernización. Es difícil entender cómo el gobierno provincial puede hablar de optimización de recursos cuando las necesidades básicas siguen sin atenderse.

El silencio sindical y las preguntas que el pueblo se hace

Sorprende también la falta de reacción crítica por parte de los sindicatos estatales, que deberían ser los primeros en cuestionar una medida que impacta directamente a los trabajadores. ¿Por qué las organizaciones gremiales no exigen explicaciones al gobernador? ¿Es este silencio un reflejo de complicidad o falta de representación efectiva?

Mientras tanto, la población de Santa Cruz no puede evitar preguntarse:

¿Por qué este sistema biométrico es una prioridad frente a las urgencias sociales?

¿Quién realmente se beneficia de esta inversión?

¿El objetivo es modernizar el Estado o avanzar en un negocio encubierto con alguna empresa?

Claudio Vidal tiene mucho que explicar al pueblo. Más allá de la retórica sobre modernización y transparencia, esta decisión evidencia una desconexión preocupante con las necesidades reales de Santa Cruz. Mientras las calles, los barrios y los trabajadores siguen esperando, los relojes biométricos se convierten en la cara visible de un gobierno que prioriza el control antes que el bienestar.