Una veintena de fuerzas políticas nacionales y de distrito solicitaron ser recibidas por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado antes de avanzar con la reforma electoral. Denuncian que el proyecto favorece a los sectores económicos concentrados, restringe la participación política y amenaza la existencia de numerosos partidos.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de conflicto político. Unidad Popular y otras 19 fuerzas políticas presentaron un documento conjunto en el que rechazan las modificaciones propuestas y solicitan a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que las reciba antes de avanzar con su tratamiento legislativo.
El pronunciamiento, publicado este martes 17 de noviembre, advierte que la iniciativa oficialista busca modificar las reglas de competencia electoral, reducir la participación de las fuerzas políticas y otorgar mayores ventajas a quienes disponen de recursos económicos.
Los principales cuestionamientos
El documento señala que la reforma contempla cambios en el régimen de las PASO, el financiamiento de las campañas y los requisitos para constituir y mantener partidos políticos.
Entre las principales objeciones, las organizaciones denuncian la eliminación de aportes públicos de campaña, la flexibilización de los límites al financiamiento privado y la supresión de topes de gastos electorales.
Según los firmantes, estas medidas profundizarían la desigualdad entre las fuerzas políticas, al permitir que las campañas dependan cada vez más de los recursos de grandes empresas y sectores económicamente concentrados.
También cuestionan el endurecimiento de las condiciones para obtener y conservar la personería partidaria. Advierten que las nuevas exigencias y sanciones podrían provocar la desaparición de numerosas organizaciones políticas y reducir las alternativas disponibles para el electorado.
El reclamo de democratizar la democracia
Unidad Popular y las demás fuerzas sostienen que cualquier modificación del sistema electoral debe ampliar la participación ciudadana y garantizar condiciones equitativas para competir.
El documento reivindica el artículo 38 de la Constitución Nacional, que reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático y establece la contribución del Estado a su sostenimiento económico.
Los firmantes consideran que la reforma puede favorecer la concentración del poder político y económico. Por ese motivo, anticipan que, si se aprueba en los términos cuestionados, promoverán las acciones judiciales de inconstitucionalidad que correspondan.
Una discusión que llega al Senado
El oficialismo defiende la reforma con argumentos de reducción del gasto público, transparencia y cambios en el funcionamiento de los partidos. Sin embargo, las fuerzas firmantes rechazan que el ahorro fiscal justifique restricciones a la participación política.
La discusión parlamentaria incluye, además, modificaciones que todavía se encuentran sujetas a negociaciones entre el Gobierno y sus aliados, entre ellas la suspensión de las PASO para 2027 y las reglas de financiamiento electoral.
El reclamo de Unidad Popular y los otros 19 partidos coloca en el centro del debate una cuestión fundamental: quiénes podrán participar de las elecciones y en qué condiciones competirán por la representación popular.
Mientras el Gobierno busca avanzar con la reforma, las organizaciones exigen que el Congreso escuche a las fuerzas políticas antes de modificar las reglas del sistema democrático argentino.
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