La Cámara de Diputados tiene previsto tratar el nuevo Código Electoral el 26 de noviembre, pero las diferencias entre el oficialismo de Claudio Vidal y los bloques opositores mantienen abierto el conflicto. Las PASO, la Boleta Única y la definición de las candidaturas concentran las principales disputas. Después de la derogación de la Ley de Lemas, Santa Cruz necesita establecer un nuevo régimen electoral y la demora comienza a comprometer los tiempos de organización de los comicios de 2027.
Santa Cruz se encuentra ante una definición política e institucional que no admite demasiadas demoras. A menos de un año de las próximas elecciones provinciales, la Cámara de Diputados todavía no logró sancionar el Código Electoral que deberá establecer cómo se elegirán el gobernador, los legisladores provinciales, los intendentes y los concejales en 2027.
El problema central es que la provincia derogó la Ley de Lemas, pero todavía no cuenta con un nuevo régimen integral que establezca las reglas del próximo proceso electoral. La discusión lleva meses en la Legislatura y, aunque se consiguió un despacho de mayoría, las diferencias políticas impidieron avanzar con su aprobación definitiva.
El pasado 10 de noviembre, un plenario de comisiones otorgó despacho favorable al proyecto unificado, con 13 votos positivos, cuatro abstenciones y dos votos negativos. La iniciativa, que contiene 108 artículos, tomó estado parlamentario el jueves 12 y quedó sujeta al período de modificaciones previsto por el artículo 64 del Reglamento Interno de la Cámara.
La próxima fecha prevista para su tratamiento es el 26 de noviembre, cuando los diputados deberán intentar alcanzar los acuerdos necesarios para sancionar la nueva legislación.
Sin embargo, esa fecha no constituye por sí misma un vencimiento legal que obligue a aprobar el Código Electoral ese día. Se trata de una instancia del calendario parlamentario. Si el proyecto no consigue los votos necesarios, su tratamiento podría continuar, aunque con tiempos cada vez más ajustados.
Desde el punto de vista jurídico, la falta de aprobación el 26 de noviembre no suspendería automáticamente las elecciones de 2027 ni provocaría, por sí sola, una infracción constitucional. El problema es que prolongaría la incertidumbre sobre las normas aplicables a la convocatoria, la presentación de candidaturas, la conformación de alianzas, las campañas y la organización de la votación.
La demora tiene consecuencias políticas y administrativas concretas. La Justicia Electoral necesita conocer anticipadamente el sistema que deberá aplicar, mientras que los partidos políticos necesitan reglas claras para organizar sus estructuras, definir alianzas y seleccionar candidatos.
El diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica-ARI, advirtió en septiembre que el nuevo régimen debía quedar aprobado durante el actual período legislativo. Consideró que trasladar su sanción a marzo o abril de 2027 dejaría demasiado poco tiempo para que la Justicia Electoral y las agrupaciones políticas se adapten a las nuevas disposiciones.
La advertencia tiene un fundamento práctico: cuanto más cerca de las elecciones se modifiquen las reglas, mayores serán las dificultades para garantizar previsibilidad, igualdad de condiciones y seguridad jurídica.
El principal obstáculo político está en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El despacho mayoritario establece que las agrupaciones políticas participen de una elección primaria para definir sus candidaturas, incluso cuando presenten una sola lista. Además, contempla un piso del 1,5% de los votos válidos de la categoría y el distrito correspondiente para acceder a las elecciones generales.
El oficialismo del Gobernador Claudio Vidal rechaza ese mecanismo y propone eliminar las primarias. Su principal argumento es el costo económico que representaría organizar una elección adicional.
La diferencia es de fondo: con las PASO, la ciudadanía participa de una instancia electoral para definir candidaturas; sin ellas, esa definición queda sujeta a los mecanismos internos de los partidos y las alianzas.
También existe una posición intermedia, impulsada por la diputada Adriana Nieto, que propone mantener las primarias, pero exceptuar de esa obligación a las agrupaciones que presenten una única lista.
El segundo punto de conflicto es la Boleta Única de Papel. Aunque existe un consenso amplio sobre su incorporación, las diferencias aparecen al momento de establecer cómo votarán los ciudadanos.
El proyecto mayoritario contempla una boleta que permita elegir una lista completa mediante una sola marca o seleccionar candidatos de distintas fuerzas políticas según la categoría.
El diputado Mario Piero Boffi, de Santa Cruz Adelante, defendió esa modalidad porque considera que facilita el voto sin impedir que los electores combinen candidatos de diferentes agrupaciones.
Por su parte, Pedro Muñoz propone una Boleta Única separada por categorías, sin casillero para votar una lista completa. De esta manera, cada elector debería expresar individualmente su preferencia para cada cargo.
Lo que parece una diferencia en el diseño de una boleta también tiene consecuencias políticas: la posibilidad de votar una lista completa puede favorecer la identificación con una fuerza política, mientras que la selección individual por categorías obliga a diferenciar las candidaturas.
El proyecto también incluye el régimen denominado Ficha Limpia, que establece restricciones para determinadas candidaturas. Allí aparece otra diferencia: mientras el despacho mayoritario contempla condenas firmes para las inhabilitaciones penales previstas, Muñoz propone que algunas restricciones puedan aplicarse cuando exista una condena confirmada en segunda instancia.esa
La paridad de género y el orden de las listas legislativas forman parte de las discusiones pendientes.
Otro artículo de importancia establece que las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento se realicen simultáneamente, impidiendo que los municipios establezcan fechas diferentes para elegir sus autoridades.
Este punto también tiene una dimensión política e institucional, porque define el margen de autonomía que tendrán los municipios para organizar sus propios procesos electorales.
En medio de estas diferencias, el presidente del bloque oficialista Por Santa Cruz, Santiago Aberastain, anticipó que presentarán modificaciones al proyecto. La diputada Fabiola Loreiro también confirmó que su sector trabajará sobre distintos artículos.
El escenario demuestra que el conflicto no se limita a la aprobación de una ley. Lo que está en discusión es quiénes participarán en la selección de candidatos, cómo se expresará el voto y bajo qué condiciones competirán los partidos políticos en 2027.
La oposición logró reunir una mayoría para impulsar el despacho en comisiones, pero ese respaldo todavía no garantiza que el texto sea aprobado sin modificaciones en el recinto.
Si el Código Electoral no se sanciona durante 2026, la Legislatura deberá retomar la discusión en 2027, ya sea durante el período ordinario o mediante una convocatoria extraordinaria, según corresponda. Eso reduciría los márgenes disponibles para implementar el nuevo sistema.
La falta de una ley no significa que las autoridades puedan suspender discrecionalmente las elecciones. El calendario institucional y la renovación de los mandatos deben respetarse, y cualquier dificultad derivada de la ausencia de reglas electorales suficientes tendría que resolverse dentro del marco constitucional y legal.
Tampoco puede afirmarse que la antigua Ley de Lemas volvería a aplicarse automáticamente. Su derogación obliga a examinar qué disposiciones electorales continúan vigentes y cuáles necesitan ser reemplazadas o complementadas por una nueva legislación.
Por eso, el verdadero riesgo de seguir postergando la discusión es llegar al año electoral con un sistema incompleto, con posibles controversias sobre su aplicación y con menos tiempo para resolverlas.
Santa Cruz necesita un Código Electoral que garantice participación, transparencia y reglas claras para todas las fuerzas políticas. La responsabilidad de alcanzarlo corresponde tanto al oficialismo como a la oposición, sin perder de vista que las normas que regulan las elecciones deben ofrecer garantías a la ciudadanía y no responder solamente a las conveniencias de quienes gobiernan o aspiran a gobernar.
El 26 de noviembre será una fecha importante para conocer si existe voluntad política de alcanzar un acuerdo. La discusión deberá resolverse con suficiente anticipación para que las elecciones de 2027 se desarrollen con un marco jurídico claro y conocido por todos.
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