Santa Cruz: el Gobierno amplía el alcance de la polémica Sociedad Anónima Unipersonal

Redacción Raíces Digital | La Legislatura provincial tratará hoy la modificación de la Ley 3877, que crea la Sociedad Anónima Unipersonal “Santa Cruz Puede”, una herramienta cuestionada por su falta de transparencia y uso discrecional de recursos. El proyecto incorpora nuevas actividades económicas —según el despacho de comisiones— que incluyen industria farmacéutica, construcción e inmobiliarias, y otorga exenciones impositivas por diez años a iniciativas privadas que se asocien con la SAU, un beneficio que deja afuera a la mayoría de los pequeños empresarios y emprendedores de la provincia.

El diputado provincial Carlos Godoy advirtió que esta ley es parte de un entramado de negocios cuestionados, como el del “Aserradero Móvil” en Río Turbio, que facturó 15 millones de pesos sin contar con consenso social ni con la debida claridad en su implementación y control. “Tenemos profesionales de carrera en el Consejo Agrario que llevan años desarrollando proyectos importantes, pero el Gobierno decidió hacer negocios desde la SAU”, cuestionó.

Godoy señaló que este mecanismo también se hace cargo del cobro en parques nacionales de El Calafate, fondos que se recaudan junto con la provincia pero que no se destinan al municipio. “Una vez más, este esquema está de sobra”, sostuvo, remarcando que la SAU ha sido utilizada para comprar bienes inmuebles sin control, como los galpones de Austral Construcciones, tareas que podrían realizarse desde los ministerios pertinentes.

“El gobernador Vidal sigue los pasos de Milei, por más que quiera diferenciarse cada tanto. Esta Sociedad Anónima Unipersonal es una caja negra con poca transparencia, y no voy a ser cómplice de un hecho de corrupción”, afirmó.

Según el legislador, la modificación que se busca aprobar de manera exprés consolida un modelo que, a su juicio, favorece intereses concentrados y no está pensado para el beneficio de los santacruceños. El propio despacho de comisiones que impulsa el oficialismo incorpora como nuevas áreas de actividad la fabricación y venta de medicamentos, la construcción de obras públicas y privadas, y el negocio inmobiliario.