Transporte en Santa Cruz: límite de antigüedad y controles más estrictos para los colectivos

Redacción Raíces Digital |La Resolución Nº 306, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz el 5 de septiembre de 2025, fija en veinte años la antigüedad máxima de los vehículos de transporte de personas, establece revisiones técnicas obligatorias cada cuatro meses y refuerza la fiscalización provincial.
La medida fue dispuesta por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, con el objetivo de unificar criterios normativos, mejorar la seguridad vial y garantizar condiciones técnicas adecuadas tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector.
Según se fundamenta en la resolución, la iniciativa surge porque hasta ahora existían criterios dispares sobre la antigüedad máxima de los vehículos habilitados, lo que generaba inconsistencias y dificultades en la fiscalización. La Dirección Provincial de Conectividad Terrestre impulsó la unificación de normas, y se tomó como referencia la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, a la que adhiere Santa Cruz mediante la Ley Provincial Nº 2417, que ya establece parámetros de antigüedad para las categorías M3.
De esta forma, el Gobierno provincial busca adoptar criterios homogéneos para todas las modalidades de transporte de personas, fortalecer la seguridad vial, facilitar los controles y simplificar los procedimientos de habilitación, resguardando integralmente los derechos de usuarios y trabajadores.
En la resolución se determina:
1º.- Todos los vehículos destinados al transporte de personas en la provincia deberán ajustarse a un máximo de veinte (20) años de antigüedad para las categorías M3.
2º.- La resolución entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
3º.- Los vehículos alcanzados deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada cuatro (4) meses, sin excepción. La falta de dicha certificación impedirá la prestación del servicio.
4º.- El cuerpo de inspectores de Transporte fiscalizará la aptitud técnica y el funcionamiento de los principales dispositivos de seguridad activa y pasiva.
5º.- El instrumento legal será refrendado por el Subsecretario de Transporte.
6º.- Se ordena su pase a la Subsecretaría de Transporte para los registros correspondientes y archivo.
La Resolución Nº 306 representa un intento de ordenar la actividad del transporte en Santa Cruz, imponiendo exigencias más claras para las empresas y reforzando la tarea de control del Estado. Sin embargo, su aplicación práctica abrirá un debate inevitable: mientras busca garantizar mayor seguridad vial y mejores condiciones para pasajeros y choferes, también podría generar tensiones en un sector donde muchas unidades superan la antigüedad fijada y deberán ser renovadas o quedar fuera de servicio.