Otro concejal libertario suspendido por violencia de género

El Concejo Deliberante de Salta aprobó la suspensión sin goce de sueldo del edil Carlos Casasola, denunciado por su expareja por hechos de violencia. La discusión reabrió cuestionamientos internos hacia La Libertad Avanza, recordó antecedentes recientes como los casos de Colque y Pablo López y terminó trasladándose a otro conflicto político: el rol del Estado en el turismo que discute la Convención Municipal.

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó este miércoles la suspensión del concejal de La Libertad Avanza Carlos Maximiliano Casasola, denunciado por violencia de género. La medida fue resuelta sin goce de sueldo y se mantendrá hasta que la administración de justicia avance y defina la situación judicial del edil.

Previamente el Cuerpo rechazó el pedido de licencia que había presentado Casasola. La votación de la suspensión sólo encontró tres votos en contra, los de Malvina Gareca, Inés Bennassar y José García, quienes impulsaban una sanción más severa, la expulsión definitiva del concejal.

La definición llegó después de semanas de trámite en la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que ya había agotado las principales etapas de producción de pruebas y testimonios. Lo que el Concejo terminó resolviendo este miércoles fue, en términos institucionales, qué respuesta política debía dar frente a una denuncia que continúa abierta en sede judicial.

El expediente contra el edil venía recorriendo su tramo final desde hacía semanas. La denuncia que originó la investigación fue radicada el 20 de diciembre de 2025 y es tramitada por la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1. Según el relato de la denunciante, mantuvo una relación de aproximadamente diez años con Casasola, convivieron en el barrio Castañares, en el norte de la ciudad de Salta, y durante ese vínculo se habrían producido distintos episodios de violencia que se profundizaron con el tiempo.

El hecho más reciente denunciado habría ocurrido a mediados de diciembre, cuando una discusión escaló hasta derivar, según la presentación judicial, en una agresión física. Tras ese episodio la mujer dejó el domicilio y se trasladó a la casa de sus padres. La Justicia dispuso medidas de protección, entre ellas, la prohibición de acercamiento del edil y un botón antipánico para la denunciante.

El caso ya había entrado en una instancia decisiva dentro del Concejo. Primero se incorporó información judicial, luego declaró la denunciante —en una exposición que fue descripta por integrantes de la comisión como extensa y de fuerte carga emocional— y posteriormente fue el turno del descargo de Casasola, quien negó las acusaciones.

En medio de ese proceso el concejal intentó una salida política alternativa, respaldada por sus principales referentes como la senadora nacional Emilia Orozco, pidió dos meses de licencia argumentando que necesitaba esperar que la Justicia se expidiera. El pedido no prosperó ya que el Concejo votó rechazar la licencia y avanzar en una sanción que fue celebrada por varios concejales como una señal institucional.

El concejal Gustavo Farquharson (bloque Por Salta) sostuvo que “no aceptar la licencia constituye un acto de responsabilidad institucional y política”, puesto que da lugar al “debate respecto a la grave denuncia que se ha recibido”.

Luego amplió el análisis hacia una dimensión política más amplia, y cuestionó que, nuevamente, se tome conocimiento de una denuncia de violencia de género sobre el mismo espacio político. “Realmente esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de seguir apostando a políticas que lamentablemente se están desarmando (por la gestión nacional libertaria) respecto a la formación y la aplicación de leyes vigentes“, expresó.

Farquharson agregó que los partidos políticos tienen una responsabilidad específica porque “la violencia de género sigue formando parte de nuestra sociedad y como Estado tenemos la responsabilidad de atenderla y tomar las medidas que hagan falta“.

Los mecanismos de selección

Sin embargo, la discusión rápidamente dejó de ser únicamente sobre Casasola. Porque lo ocurrido este miércoles reabrió una pregunta que ya había aparecido meses atrás: qué pasa con los mecanismos de selección política dentro de LLA.

Ante ese cuestionamiento, el nombre del concejal Pablo López sobrevoló buena parte de la sesión. López quedó envuelto en una crisis política luego de denuncias por presunta extorsión sexual, abuso de poder y retención de parte del salario de una colaboradora. El caso explotó a mediados del año pasado tras la difusión de un audio en el que una mujer vinculada políticamente a su espacio denunció esta situación.

Tras la difusión pública del caso, López presentó su renuncia a la banca argumentando “responsabilidad institucional”. Sin embargo, se dio lugar a un proceso interno de expulsión, concretado en agosto, impidiéndole así terminar su mandato en diciembre del año pasado. Pero López hoy ocupa una banca en el Concejo, como monobloque, porque antes de su expulsión ya había sido electo para un nuevo mandato y fue el concejal más votado por La Libertad Avanza en los comicios provinciales de mayo de 2025.

El caso había generado una crisis dentro del espacio libertario local y volvió a ser mencionado durante la sesión de ayer, ante la notoria la ausencia de López. Malvina Gareca (bloque Pulso Colectivo) fue una de las voces más críticas, pues defendió su dictamen de minoría que buscaba la expulsión de Casasola. “Tengo el mismo criterio que tuve con dos casos anteriores, el caso López y el caso Colque“, afirmó.

Y aclaró: “Nosotros acá no estamos reemplazando la Justicia. Lo que estamos viendo es si estas personas tienen la moral que dicen tener para ocupar el cargo para el cual fueron elegidos“. Luego endureció todavía más su postura, al sostener que no quiere “compartir nunca más ningún espacio de trabajo con alguien denunciado por violencia de género“.

El exconcejal del partido Salta Independiente Ricardo “Pitu” Colque fue expulsado por unanimidad en agosto de 2022 luego de una denuncia e imputación por violencia de género contra su pareja. Según la denuncia, hubo agresión física y privación ilegítima de la libertad.

Gareca también explicó por qué consideraba insuficiente una suspensión: “Para mí era importante la expulsión porque no lo quiero tener acá en unos meses y porque tiene que ser una respuesta contundente hacia la sociedad“.

Las respuestas desde LLA llegaron rápido. Agustina Álvarez cuestionó que las críticas se focalizaran exclusivamente en su espacio político, les dijo a las y los ediles que no hagan “parecer que por ser de La Libertad Avanza nosotros somos malos y tenemos legisladores denunciados y nada más“. Y añadió: “Pareciera que depende solamente del color político si una persona es inmoral o no“.

No obstante, la respuesta más dura llegó desde Eliana Chuchuy (Por Salta), quien sostuvo que “La Libertad Avanza supeditó su decisión a lo que hacía el resto“. Y agregó que el bloque libertario incluso no tenía una decisión propia ni formada sobre el tema porque “no les ocupa ni les preocupa la violencia de género“.

La discusión terminó convirtiéndose en una radiografía de una crisis más amplia en la que en pocos meses el Concejo tuvo que discutir situaciones vinculadas a dos representantes libertarios.

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