Redacción Raíces Digital / En un contexto de dificultades económicas crecientes para la mayoría de los hogares argentinos, el Gobierno autorizó un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas a partir de enero de 2025. Este incremento será, en promedio, del 1,6% para la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y del 1,8% para el gas natural en todo el país.
Si bien el ajuste se presenta como un intento de “anclar la inflación” y controlar los precios, para muchos sectores de la población representa un nuevo golpe al bolsillo, en un escenario donde los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo frente al aumento generalizado del costo de vida.
Ajustes tarifarios: más carga para los hogares
El alza se suma a una estructura tarifaria que ya resulta difícil de afrontar para las familias. Con el costo del gas dolarizado y un ajuste por la devaluación oficial del 2%, las boletas volverán a reflejar incrementos que muchos usuarios consideran injustos e insostenibles.
Además, el aumento del 4% autorizado por el ENRE para empresas distribuidoras como Edenor y Edesur, así como los ajustes en transportistas y generadoras, se traducirán en boletas más caras en el AMBA, una de las regiones con mayor desigualdad económica del país.
Cortes de luz y falta de inversiones
Mientras tanto, el verano trae consigo la preocupación por los recurrentes cortes de luz, un problema que afecta principalmente a los barrios más desfavorecidos. A pesar de las promesas oficiales de garantizar el suministro, las empresas del sector no han realizado las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, lo que se combina con las altas temperaturas producto del cambio climático, empeorando la situación.
Estas fallas estructurales dejan a miles de usuarios expuestos a interrupciones en el servicio durante los días de mayor demanda, generando aún más descontento en una población que ya enfrenta serias dificultades económicas.
Un futuro incierto para la clase trabajadora
Para millones de argentinos, este aumento es solo una nueva carga económica que se suma a una inflación persistente, salarios rezagados y un panorama económico cada vez más incierto.
Mientras el Gobierno intenta justificar los ajustes con el argumento de “normalizar” el sector energético, la realidad cotidiana de los usuarios es muy distinta: familias ajustando gastos básicos, comerciantes enfrentando mayores costos operativos y sectores populares que sienten cada vez más lejos la promesa de una recuperación económica real.
La falta de planificación y de inversiones adecuadas en el sistema energético deja a la población con una pregunta inquietante: ¿Hasta cuándo el pueblo deberá soportar las consecuencias de políticas que no priorizan sus necesidades básicas?