El extractivismo avanza

En un contexto de desmantelamiento del Estado, el Gobierno lleva a cabo una política ambiental dependiente de las inversiones extranjeras y altamente contaminante.

El miércoles 12, en medio de la represión a la marcha en respaldo a los jubilados, la Oficina de la Presidencia difundió una foto. Es la imagen de la reunión que mantuvo Javier Milei con el CEO del gigante minero Río Tinto, Jakob Stausholm, donde se luce en primer plano una motosierra dorada en la que se lee «Las fuerzas del cielo».

La foto (mejor dicho, el detalle del primer plano de la herramienta «libertaria» difundida por el Gobierno nacional) no solo remite a una escena digna de ser considerada distópica, sino que define el eje vertebral de la gestión mileísta: la profundización de un modelo extractivista, dependiente de las inversiones extranjeras, altamente contaminante, en un contexto de ajuste fiscal y desmantelamiento del Estado.

El encuentro de Milei con Stausholm es el tercero en los últimos meses. Río Tinto, segunda minera del mundo, tiene prevista una inversión de 250 millones de dólares en Argentina. Su principal proyecto extractivo se encuentra en el Salar de Rincón, noroeste de Salta, donde la multinacional posee activas unas 3.000 toneladas anuales de carbonato de litio en grado de batería.

El litio se ha transformado en un recurso estratégico usado en la fabricación de baterías destinadas a computadoras, celulares y vehículos eléctricos. Río Tinto busca alcanzar una producción progresiva de 60.000 toneladas a partir de 2028, con una inversión que prevé superar los 600 millones de dólares al año.

Asimismo, la firma obtuvo otros dos de los seis proyectos que están en operación como el Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca; y Olaroz, en Jujuy. Desde la prensa hegemónica se celebra. En una amplia cobertura de las reuniones mantenidas, Clarín publicó que Río Tinto «está enamorada de Argentina».

Razones no le faltan. Aprobado el año pasado, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa una carta desmedidamente favorable a las multinacionales en desmedro de las comunidades locales y los territorios. En este sentido, cabe recordar que el cuestionado texto incluido dentro de la Ley Bases brinda extraordinarias ventajas impositivas (traducidas en exenciones, deducciones de costos, prohibición de restricciones y congelamiento de la normativa cambiaria, entre otros claros incentivos), estabilidad y seguridad jurídicas a 30 años para los grandes grupos de inversión, los que detenten un monto mínimo de 200 millones de dólares y hasta 900 millones de dólares; esto es, las grandes corporaciones, generalmente extranjeras, son las beneficiadas.

Espejitos de colores

Mientras el mundo se ve sacudido por eventos climáticos cada vez más frecuentes y extremos, producto de la crisis ecológica a escala global, la gestión de Milei avanza hacia la concreción de nuevos proyectos extractivistas que impactarán sobre nuestros territorios.

Los recursos naturales, también llamados bienes comunes, son los destinatarios directos de las inversiones extranjeras y están emplazados en territorios provinciales. La Constitución Nacional –base fundacional del derecho argentino– dispone en su artículo 124 la autonomía de las provincias sobre los mismos. O sea, que las provincias, desde el marco jurídico, podrían haber dado pelea a los proyectos de sobreexplotación de dichos bienes; pero el acompañamiento de varios gobernadores a la cumbre más importante de minería realizada en Toronto, Canadá, a principios de mes, va claramente en la sintonía opuesta a la defensa de nuestros suelos, nuestra agua, nuestra tierra.

Allí, en la denominada exposición PDAC 2025, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, señaló en una breve alocución que el RIGI «ofrece seguridad jurídica y reglas claras a los inversores, algo que hace muchos años no sucedía en nuestro país». Las provincias asintieron. Quienes dijeron presente son los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Junto a Litica y Ganfeng Lithium, Río Tinto es de las principales multinacionales que explotan o tienen permiso de exploración de litio en nuestro país en un total de casi un millón de hectáreas de salares que se encuentran diseminados en Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan. Estos puntos son, a su vez, enclaves estratégicos del llamado «Triángulo del litio»; la zona ubicada en el límite entre Argentina, Chile y Bolivia que alberga más del 65% de las reservas del metal en el mundo.

Las compañías tienen también un alto grado de control sobre el recurso hídrico aledaño a los salares, lo que conlleva frecuentes disputas con las comunidades en defensa del agua. Los impactos ambientales son notorios. La extracción de litio por megaminería provoca que por cada tonelada se necesiten evaporar unos dos millones de litros de agua, generando una pérdida notable del recurso y afectando los ecosistemas. A su vez, corren riesgo de salinización las reservas subterráneas de agua dulce que entran en contacto con la salmuera en la que se encuentra el litio. Otra de las consecuencias es la afectación de los humedales (relevantes en tanto mitigadores de los eventos climáticos), ya sea porque se secan las vegas o turberas o por la eliminación de residuos tóxicos provenientes del proceso de salinización.

Comunidades afectadas

«Las grietas del litio» es una investigación realizada por María Paula Gaido, Julio Carrizo y Edgardo Litvinoff, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). La misma se propone mostrar la «otra cara del litio» y desanda el presente de las comunidades afectadas durante más de diez años de extracción del mineral en el Salar del Hombre Muerto, la mina más antigua de Argentina. Llanuras desecadas, agotamiento de las aguas subterráneas, contaminación de las fuentes hídricas del pueblo y un río que se secó son solo algunas de las escenas, repetidas como trágicas postales en los territorios en los que se levantan, históricamente, las asambleas socioambientales. En palabras del biólogo y filósofo Guillermo Folguera, investigador del Conicet, «extractivismo como el gran paraguas de una política de despojo, de entrega, que no solo tiene que ver con perder los bienes comunes, sino con reordenar comunidades en el territorio, decirles a las comunidades afectadas “ustedes ya no pueden vivir más acá”».

Extractivismo como sinónimo de saqueo y las condiciones establecidas para la fiesta a la que asistirán unos pocos, el rumbo prefijado.

Fuente: Acción