Glaciares en peligro: el oficialismo acelera el debate para reformar la ley de protección de hielos

La Cámara de Diputados de la Nación se encamina a vivir una de sus jornadas más tensas del año. Este miércoles 8 de abril, el oficialismo intentará dar sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares, una pieza legislativa clave que rige desde 2010 y que hoy está en el centro de una disputa estratégica entre el desarrollo extractivo y la preservación ambiental.

El proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Senado, propone cambios estructurales en la definición de lo que el Estado debe proteger. El punto más polémico radica en la exigencia de que un cuerpo de hielo o ambiente periglacial deba demostrar un aporte hídrico “relevante y comprobable” a las cuencas para mantener su estatus de protección. Para los especialistas, este cambio de terminología es una puerta abierta a la actividad industrial en zonas que hoy son intocables.

Desde el régimen sostienen que la ley actual, por su rigidez, ha frenado proyectos de inversión millonarios en el sector de la megaminería y los hidrocarburos. La reforma busca “modernizar” el inventario de glaciares, otorgando además mayores facultades a las provincias para decidir sobre sus propios recursos naturales, un reclamo histórico de los distritos cordilleranos.

Sin embargo, desde la comunidad científica,  organizaciones socioambientales, políticas etc el mensaje es de alerta roja. Advierten que redefinir los límites de protección en un contexto de crisis climática global es un retroceso irreversible. “No se puede medir la importancia de un glaciar solo por el agua que entrega hoy; son reguladores climáticos y reservas de emergencia para el futuro”, señalan las voces que se oponen al dictamen.

El clima en los alrededores del Congreso promete ser de alta temperatura. Diversas asambleas ciudadanas, colectivos ambientales y organizaciones de todo tipo y color han convocado a una movilización masiva para el mismo miércoles bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”.

Mientras el oficialismo confía en sellar el acuerdo con bloques aliados antes del viernes, la sociedad civil se mantiene en guardia. El desenlace de esta votación no solo definirá el mapa minero del país, sino que marcará el precedente sobre qué tan dispuesto está el Estado a comprometer sus fuentes naturales de agua potable en favor de la rentabilidad económica inmediata.