Juan Carlos Molina: “No podemos permitir que se diga cualquier cosa; esto destruye comunidades”

En diálogo con FM 94.9 de Portal Austral de Caleta Olivia, Juan Carlos Molina, titular de la Fundación Valdocco, habló sobre el presente de la institución, la querella que presentó contra funcionarios del gobierno provincial por calumnias e injurias, y el incumplimiento de un amparo judicial que protege las actividades de la organización.

“Seguimos trabajando como hace 25 años, en Calafate, en Chaco, en Cañadón. Hay muchos pibes que necesitan. La demanda es cada vez más fuerte, porque la situación social es más compleja”, sostuvo Molina, y explicó que el funcionamiento de la fundación se vio gravemente afectado por una denuncia política y una campaña de desprestigio.

El referente denunció que se lanzaron acusaciones falsas en su contra y en contra de la Fundación Valdocco, que generaron daño no solo a su figura personal, sino a toda la comunidad vinculada a la organización. “No podemos permitir que digan cualquier cosa, que ensucien, que injurien. Hay que ponerle un freno. Por eso presentamos una querella penal contra funcionarios públicos que están cumpliendo funciones en la provincia”, detalló.

Además, confirmó que se trata de una situación de carácter político. “Son todos parte de una estructura política. No es lo mismo que lo diga un vecino a que lo diga un funcionario. Un funcionario público no puede decir cualquier cosa del otro”, remarcó.

Molina explicó que, tras los allanamientos a la Fundación, se presentaron ante la Justicia y apelaron la denuncia: “No avanzó porque no había nada para avanzar. Y si hay algo para decir, que lo diga la justicia. Pero otra cosa es salir a calumniar e injuriar, decir cualquier barbaridad, y eso no se puede permitir”.

Además de la querella por injurias, Molina confirmó que se presentó un amparo judicial para garantizar el funcionamiento de la escuela de gestión privada que sostiene Valdocco en El Calafate y la casa de asistencia ubicada en Callejón del Ceibo. “El amparo fue aceptado, pero el gobierno provincial no lo está cumpliendo. Por eso también presentamos una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según detalló, las consecuencias del incumplimiento son directas: imposibilidad de incorporar jóvenes con problemas de adicciones, reducción de actividades, falta de personal y recortes en los sueldos de docentes. “Nos están complicando todo. Queremos que esta persecución política no afecte a la comunidad ni a los pibes”.

Consultado sobre los alcances de su presentación judicial, Molina diferenció dos aspectos: “Por un lado está el daño institucional, que se resuelve cumpliendo la cautelar. Por otro lado, las calumnias personales. Ahí lo que pedimos es la retractación pública. No se puede decir cualquier cosa y que quede dando vueltas por ahí, sin consecuencias”.

Por último, fue contundente: “Tenemos que terminar con esto de que cualquiera puede juzgar y decir lo que quiere del otro. Eso destruye comunidades, rompe armonías y cuestiona vidas. No hay que dejar pasar más estas cosas. Por eso nos metimos en este lío”.