Mesa rural de Vidal: la discusión que falta para que “reactivar” le sirva al pueblo

Editorial Raíces Digital |El gobernador Claudio Vidal reunió a sociedades rurales, federaciones, RENATRE, frigoríficos y el sector lanero, junto a Producción, Consejo Agrario y ASIP. El diagnóstico fue duro: sequía, campos que cierran, falta de controles y rentabilidad insuficiente. Pero si la provincia quiere una política productiva seria, falta responder lo esencial: qué gana el pueblo en precios, trabajo, arraigo y cuidado del agua, y quién conduce realmente esa agenda.

El Gobierno provincial presentó como un paso importante la mesa de trabajo con referentes del sector agroganadero. En la comunicación oficial se habló de fortalecer la actividad y abrir oportunidades. En declaraciones posteriores, Vidal completó el cuadro con una lista que rara vez aparece tan explícita en este tipo de encuentros: abigeato, desertificación, clima adverso, depredadores, ausencia de controles, falta de rentabilidad, y una consecuencia inevitable cuando la rueda se frena: cierre de campos y pérdida de trabajo. También anunció una agenda de reuniones periódicas, con medidas productivas y legislativas, seguimiento de temas judiciales y un trabajo con municipios en controles y servicios básicos.

Hasta acá, el diagnóstico. A partir de acá, la discusión de fondo.

Raíces Digital sostiene un punto simple: que la producción sea viable y rentable es necesario. Lo que falta es que el Gobierno explique, con medidas y compromisos verificables, cómo esa rentabilidad se convierte en beneficios concretos para Santa Cruz: empleo registrado, mejores salarios, inversión real, arraigo y precios más razonables para el consumidor final.

Porque la pregunta que queda —la que importa en cualquier casa— es directa: ¿qué gana el pueblo en todo esto? Si hay frigoríficos y cadena exportadora sentados a la mesa, el criterio de evaluación no puede limitarse a “reactivar” como palabra. Tiene que incluir el resultado más tangible: precio al consumidor final. ¿Habrá más oferta local? ¿Habrá acuerdos de abastecimiento para el mercado interno? ¿Se va a intervenir sobre la intermediación, la logística o los costos para que el impacto no sea solo “en números del sector” sino en la mesa familiar? Si no se responde, el riesgo es conocido: actividad que se mueve, pero bolsillos que no respiran.

Ese mismo criterio corre para el trabajo. Si “repoblar” implica más actividad, entonces debe implicar más derechos y mejores condiciones, no solo más exigencias. En la mesa informada no apareció como prioridad la dimensión laboral y social: Convenio Colectivo, registración, pago en término, vivienda digna, seguridad e higiene, agua potable y servicios básicos para las familias rurales. Sin esa discusión explícita —con el área laboral sentada y compromisos claros— “repoblar” puede terminar significando crecimiento del negocio sin mejora de vida.

La otra pregunta que ordena todo es la tierra. Se habló de campos abandonados y de repoblamiento, pero no se planteó en voz alta lo principal: ¿de quién es la tierra en Santa Cruz? ¿Qué parte está en manos de grandes propietarios? ¿Qué parte es fiscal? ¿Qué condiciones rigen para su uso? ¿Qué controles hay? La provincia no puede proponer un plan serio sin transparentar la estructura territorial, porque sin ese mapa se discute a ciegas y siempre ganan los mismos: los que ya tienen escala, espalda y poder de negociación.

En esa misma línea aparece la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), y acá conviene decirlo con precisión: que la agencia recaudadora esté en la mesa puede ser una herramienta de ordenamiento o un atajo para “acompañar” sin contrapartidas. La discusión pública debería incluir, sin vueltas: cuánto se paga por extensión territorial, cuánto deja la comercialización de lana y ganado, quiénes cumplen y quiénes no, y bajo qué condiciones se otorgan incentivos. No se trata de demonizar a nadie: se trata de algo básico en una provincia con necesidades urgentes. Si el Estado pone recursos, infraestructura y facilidades, la sociedad tiene derecho a exigir retornos sociales medibles.

También hay un sesgo de modelo que no puede pasar inadvertido. En lo comunicado, el eje es ganadería-lana-frigoríficos. Pero si el objetivo es aliviar el costo de vida y fortalecer soberanía alimentaria, corresponde preguntar por la producción hortícola y frutihortícola, por planes para abastecimiento local, por logística y valor agregado. Una política productiva completa no puede quedar atrapada solo en el circuito exportador: tiene que incluir alimentos y precios internos como objetivo explícito.

Y está el punto estratégico que hoy atraviesa todo en Santa Cruz: agua dulce. Mencionar la sequía es reconocer una parte del problema. La parte decisiva es otra: cómo se garantiza agua potable y agua para producir (aguadas, vertientes, perforaciones, infraestructura y control), y cómo se protege el recurso en un territorio donde conviven actividades de gran escala como minería e hidrocarburos. Si la provincia quiere repoblar y reactivar, debe dejar claro qué prioridad tiene el agua, qué monitoreos existen y qué estándares se exigen para que el costo ambiental no lo paguen los que menos margen tienen.

“Repoblar”, además, tiene varias aristas y conviene decirlo sin maquillaje. Repoblar no puede significar presión sin límite: requiere un criterio público sobre suelo y pastizales, límites de carga, manejo y conservación, para que la reactivación no acelere desertificación y deterioro ambiental. Pero repoblar también es gente. Un dato ayuda a dimensionar la escala: según el Censo Nacional de Población 2010 (INDEC), en Santa Cruz vivían 10.721 personas en áreas rurales (rural agrupada y rural dispersa). Ese número no permite, por sí solo, afirmar cuántas familias migraron en los últimos años —para eso hay que comparar series censales y variables productivas—, pero marca algo básico: el campo también es población, y cada cierre suele arrastrar comunidad, trabajo y servicios. Si se habla de repoblamiento, lo serio es comprometer un plan que mida y revierta el desarraigo: cuántas familias se fueron, por qué, y qué condiciones reales se van a garantizar para que quedarse sea posible.

Este debate no vive solo en el campo. Se repite en la pesca y los puertos: permisos, empresas, valor agregado, empleo local, salarios y renta que queda o se va. La pregunta de fondo es siempre la misma: ¿los grupos económicos marcan el rumbo o el Gobierno conduce a favor de los intereses de la provincia y del pueblo?

Para que la mesa no sea solo diagnóstico, Raíces Digital plantea un estándar mínimo de seriedad pública, sin consignas y con resultados:

Transparencia territorial: mapa actualizado de propiedad y uso, incluyendo tierra fiscal, campos improductivos y criterios de control.
Contrapartidas por beneficios: cualquier incentivo o alivio debe atarse a empleo registrado, inversión, abastecimiento local y cumplimiento de obligaciones.
Trabajo rural en el centro: condiciones laborales, vivienda y servicios básicos como parte del plan, no como nota al pie.
Agua y ambiente como eje: plan hídrico y controles reales en territorios donde conviven campo, minería e hidrocarburos.
Precios al consumidor final: herramientas concretas para que la reactivación impacte en la mesa familiar, no solo en balances privados.

Santa Cruz necesita producción, sí. Pero necesita, sobre todo, producción con conducción política, información pública y beneficio social visible. Esa es la discusión que falta. Y esa es la discusión que Raíces Digital pone sobre la mesa