Milei avanza a puro decreto: ahora autoriza requisas policiales en manifestaciones

Redacción Raíces Digital |El régimen de Javier Milei sigue profundizando su esquema de poder personalista. Bajo la fachada de “modernización policial”, avanza en medidas que restringen derechos civiles y refuerzan el control sobre la protesta social.

En una nueva muestra de que gobierna por decreto y sin debate democrático, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 383/2025, por el cual autoriza a la Policía Federal Argentina a realizar requisas a personas y vehículos que asistan a manifestaciones, sin necesidad de orden judicial previa. La medida fue anunciada esta semana por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como parte de una supuesta modernización de la fuerza, pero en los hechos configura un preocupante avance represivo.

El decreto otorga a la Policía Federal facultades discrecionales para detener, requisar y registrar a quienes participen de movilizaciones, bajo criterios genéricos como la “prevención de delitos” o la “urgencia”. Es decir: el propio Estado define cuándo, dónde y a quién puede allanar sin control judicial efectivo.

Esto ocurre en un contexto altamente sensible: en la misma semana en la que distintos sectores del peronismo y el campo popular preparan una gran movilización en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena por parte de la Corte Suprema. El riesgo es evidente: convertir la represión de la protesta en una herramienta política para disciplinar a la oposición social y judicializar la militancia.

Desde el inicio de su gestión, Milei ha hecho de los decretos su forma habitual de gobernar, anulando el rol del Congreso y pisoteando el equilibrio institucional. El abuso del DNU, los intentos de criminalizar la protesta, la doctrina Bullrich para impedir cortes de calles y ahora estas nuevas atribuciones para la Policía Federal configuran un preocupante cuadro de autoritarismo en ascenso.

La Argentina de Milei exhibe cada vez más síntomas de un régimen que desprecia la división de poderes, ataca las libertades democráticas y busca blindar su modelo de ajuste económico mediante el miedo y el disciplinamiento.

Paradójicamente, mientras se amplía el margen de acción represivo, Cristina Kirchner sigue evitando la escena judicial directa. No hubo foto de Cristina esposada, ni ingreso a Comodoro Py, ni circo mediático. La ex presidenta mantiene el control del “show”, ubicándose como la líder política en el centro de la escena, en momentos donde el peronismo busca reagruparse.

El gobierno, que no pudo construir el golpe de efecto judicial soñado, ahora redobla la apuesta con medidas autoritarias que lesionan derechos fundamentales. Pero el problema es más profundo: Milei avanza hacia un esquema de poder concentrado donde la calle se convierte en un enemigo a neutralizar. Y sin calle, no hay democracia viva.

La vigilancia digital, el ciberpatrullaje sin orden judicial, el avance de la inteligencia estatal sobre las redes sociales y las manifestaciones, son otros elementos del mismo modelo. No se trata de seguridad, se trata de control social.

En este escenario, la responsabilidad de los sectores democráticos es no subestimar el peligro que representa un Estado que usa la Policía Federal como brazo directo de la voluntad presidencial. No es un debate jurídico técnico: es un debate de poder, de democracia y de derechos ciudadanos.