Presentarán en el Congreso las firmas contra el DNU 70/23, mientras avanza la organización de la Marcha Federal

Este miércoles 23 de octubre se llevará a cabo un importante acto frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones sociales, sindicales, políticas, y culturales presentarán más de medio millón de firmas para exigir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. La actividad forma parte de la campaña “Un Pueblo Firme contra el DNU”, impulsada en rechazo a las medidas del presidente Javier Milei que, según los convocantes, vulneran derechos fundamentales de los trabajadores y la ciudadanía.

El DNU 70/23 ha sido objeto de amplio repudio por parte de diversos sectores que ven en él un ataque directo a los derechos sociales y laborales, así como un avance autoritario del gobierno de Milei. Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular y uno de los principales referentes de la campaña, ha sido enfático en sus críticas al decreto. Lozano ha advertido que esta medida es “un atropello a la soberanía popular” y que el uso de decretos para gobernar es una forma de eludir los mecanismos democráticos. En línea con esta postura, expresó la importancia de “empapelar el Congreso y la Corte Suprema” con las firmas recolectadas, demostrando que una amplia mayoría de la sociedad rechaza el DNU.

A partir de las 14:00 horas, los manifestantes se concentrarán frente al Palacio Legislativo para llevar a cabo una radio abierta, donde se difundirán los motivos del repudio y se escucharán las voces de los sectores convocantes. Paralelamente, más de 100 dirigentes de las 60 organizaciones que impulsan la campaña se reunirán con legisladores de bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, y la Coalición Cívica, entre otros, para entregar las firmas en una audiencia pública.

Además, la campaña solicitará una audiencia con la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que el máximo tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del decreto. En este sentido, Claudio Lozano destacó que el DNU de Milei no solo es un retroceso en términos laborales y sociales, sino que también implica “un vaciamiento de la democracia y una grave amenaza a la institucionalidad”.

Avances hacia la Marcha Federal

En paralelo a esta actividad, se avanza con los preparativos para la Marcha Federal, programada para los primeros días de diciembre. Esta movilización, que busca ser una de las más grandes de los últimos años, tendrá como eje la denuncia contra las políticas de ajuste económico, despidos masivos, y el avance del modelo neoliberal impulsado por el gobierno nacional.

Durante noviembre, las organizaciones convocantes realizarán asambleas y acciones en todas las provincias para preparar el terreno para la movilización final. La Marcha Federal busca unificar las luchas sectoriales en una gran manifestación nacional que exija el fin de las políticas que, según los organizadores, han generado hambre, precarización laboral, y represión.

Desde la CTA Autónoma, uno de los principales espacios convocantes, han subrayado la importancia de esta movilización como una respuesta unificada frente a un modelo económico que beneficia a las grandes corporaciones en detrimento del pueblo trabajador. Daniel Jorajuría, secretario administrativo de la CTA, hizo un llamado a la unidad y la resistencia activa, señalando que “frente a un gobierno despiadado, la mayor fuerza que tenemos es la unidad de los trabajadores y las trabajadoras”.

El compromiso de las organizaciones que impulsan la Marcha Federal es claro: enfrentar el ajuste y las políticas neoliberales de Javier Milei, y exigir un país con justicia social, empleo digno, y soberanía popular.

Contexto y consecuencias del DNU 70/23

El DNU 70/23, emitido en agosto por el presidente Milei, ha sido criticado por numerosos sectores por su carácter regresivo en materia de derechos laborales y sociales. El decreto establece modificaciones en áreas clave de la economía y las relaciones laborales, flexibilizando aún más las condiciones de trabajo y permitiendo despidos masivos en sectores estratégicos.

Además, las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales alertan sobre los peligros que conlleva el uso de decretos como herramienta para gobernar, evitando el debate legislativo y la participación ciudadana. Según ellos, esta estrategia refuerza el carácter autoritario del actual gobierno, que busca implementar medidas sin pasar por el control parlamentario.

Las próximas semanas serán clave para el avance de esta campaña, con miras a la gran movilización en diciembre, donde los sectores populares buscarán consolidar una respuesta unificada frente al modelo de ajuste y saqueo que denuncian las organizaciones convocantes.