Un paquete fiscal para combatir la pobreza

Un grupo de economistas elaboró una propuesta fiscal alternativa que permitiría paliar el hambre y aliviar la carga tributaria de los sectores medios: grabar la riqueza fugada y a las 50 fortunas más grandes del país podría recaudar unos US$ 8.300 millones.

El paquete fiscal que aprobó el Congreso con la Ley Bases fue calificado por un amplio espectro los especialistas en sistema tributario como “regresivo”.

En esa línea, desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) elaboraron un documento titulado “Por un paquete fiscal que termine con la violencia del hambre en la Argentina” que plantea un plan impositivo viable y alternativo a la propuesta oficial.

Con un equipo multidisciplinario compuesto por el ex director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Javier Rameri, Ana Rameri, Mariana Rivolta y Eugenia Ventura Flossi el trabajo parte de “la urgencia de establecer un umbral de dignidad” en el marco de un cuadro social alarmante.

“Revertir este cuadro de situación requiere de desandar un conjunto de decisiones que el gobierno nacional viene llevando adelante y profundizando entre los que no puede faltar la necesidad de rescatar del pozo al conjunto de compatriotas que hoy vieron arrebatado el derecho fundamental de poder cubrir sus necesidades alimentarias”, sentencian.

Las medidas

Para hacerlo detallan una serie de medidas con un plan de financiación para cada una. A saber:

• Ingreso Básico Universal (IBU): programa de transferencia de ingresos de carácter incondicional (sin contraprestación alguna) que tiene como pretensión alcanzar la universalidad de la población en edades centrales aunque en este contexto de emergencia se busca iniciar la primera etapa priorizando la cobertura de la mitad de la población más desfavorecida (inserciones asalariadas precarias, actividades por su cuenta informales o formales de bajos ingresos, titulares de planes sociales e inactivos). El ingreso transferido es mensual, individual, sin tope de cantidades por hogar y es equivalente al valor de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente.

Se estima que la población objetivo asciende a unos 13,5 millones de personas. Asignar un IBU a cada una de ellas da como resultado “un costo fiscal anual bruto de $19,5 billones, que desciende a cerca de $11 billones al considerar el autofinanciamiento propio de una medida destinada a financiar consumo. En términos del PBI del corriente año la inversión social equivale a 1,7%”, explica el informe.

• Complemento Transitorio Salarial y Previsional: “El vaciamiento de los instrumentos de la política salarial y previsional como canales de distribución del ingreso obligan a plantear complementos transitorios para estos conceptos hasta tanto recuperen su función distributiva”, plantean desde el IPyPP.

Según el informe ambas iniciativas destinadas a mejorar la situación de 5,8 millones de personal insumirían un total de $8,5 billones que descienda a $4,7 billones considerando el autofinanciamiento. “En términos del producto equivale al 0,7% del PBI”, detallan.

El financiamiento

En las antípodas de las propuestas oficiales que desgravan a los sectores de mayores recursos, el plan alternativo plantea que la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad “hace imprescindible la necesidad de revisar y ajustar la estructura tributaria argentina hacia un sistema más progresivo para que pueda garantizar el financiamiento de políticas públicas orientadas a contrarrestar dicha brecha”.

El estado de situación al año 2021 indicaba que en la Argentina el 10% más rico de la población se apropiaba del 42,8% de los ingresos y el 58,2% de la riqueza, mientras el 50% más pobre se arreglaba con el 16,2% de los ingresos y el 5,7% de la riqueza. “Los multimillonarios de nuestro país, el 1% lograba capturar el 17,5% del ingreso nacional y el 25,7% del patrimonio”, explica el informe.

Por añadidura, según datos de 2020, existen en la Argentina más de 400 mil millones de dólares de activos pertenecientes a residentes locales en el exterior y/o fuera del sistema financiero, mientras que solamente 69 mil millones de dólares son los declarados ante la AFIP.

En este contexto proponen:

• La implementación de un esquema escalonado y diferenciado de sobrealícuotas que complemente la legislación vigente sobre el impuesto a los Bienes Personales para los sectores con mayor capacidad contributiva, según las recomendaciones de Oxfam (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, por sus siglas en inglés).

Se trata de un esquema transitorio “hasta tanto se elabore una reforma del impuesto de Bienes Personales que tenga como contenido principal elevar la contribución de las grandes fortunas, aliviando el peso sobre los sectores medios”, y con el objetivo de “gravar más intensamente las riquezas mantenidas en el extranjero”.

“Con solo gravar a los más ricos de la Argentina que representan apenas el 0,07% de la población (32 mil en relación con los 47 millones), el Estado Nacional podría disponer de 4.007 millones de dólares”, calculan. Y agregan que la mitad de estos recursos “se obtendría de la contribución de las 50 fortunas más grandes del país”.

• Por otro lado, plantearon distintas estrategias para gravar los capitales argentinos en el exterior, es decir para aquellos que han generado mecanismos de evasión o elusión de impuestos. “Hasta tanto se produzca la integración de nuestro país en marcos regionales o internacionales como los que ya se están experimentando en el mundo, proponemos una Tributación Presunta Basada en el Volumen de Negocios para las Grande Empresas. Es decir, modificar la captación del Impuesto a las Ganancias para las Grandes Sociedades a partir de aplicar una alícuota sobre las ventas en concepto de adelanto para el pago del tributo”, plantean.

Esta propuesta busca abordar la evasión fiscal en sectores donde es difícil verificar las utilidades reales debido a complejas estructuras corporativas y transacciones internacionales: “esta aproximación implica presumir que una empresa con altos ingresos también genera altas utilidades, simplificando así el cálculo de los impuestos debidos. Tanto Brasil como México han realizado avances para aplicar este criterio en actores de gran escala”, cuentan desde el IPyPP.

En su estudio establecen que, aplicando la tasa media de ganancia a las ventas del grupo de las empresas más grandes (restando la que efectivamente declaran), se obtiene que 12.409 millones de dólares es un valor aproximado de utilidades no declaradas. Así, el 35% de alícuota general del impuesto a las Ganancias sobre ese importe implica suponer que algo más de 4.300 millones de dólares constituye la evasión fiscal”.

“Esta propuesta no sólo augura un incremento en la recaudación fiscal sino que también promueve una mayor transparencia y justicia tributaria” y se alinea “con los esquemas tributarios propuestos por organizaciones internacionales como la OCDE”, resumen.

#CanalAbierto