20 de noviembre de 2008, el día en que el pueblo argentino recuperó las jubilaciones que habían sido entregadas al mercado

El 20 de noviembre de 2008 quedó marcado como una de las fechas más significativas de la historia social argentina. Ese día, el Congreso aprobó la Ley 26.425 y el país recuperó la administración de sus jubilaciones, luego de 14 años en los que los aportes de los trabajadores habían sido transformados en un negocio privado para bancos, aseguradoras, grupos financieros y hasta algunos sindicatos que se sumaron a la lógica de la especulación. L

a restitución del sistema en 2008 fue impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero su significado trascendió a cualquier gestión: fue el pueblo argentino recuperando un derecho que nunca debió haber sido entregado al mercado.

Para entender esa fecha hay que regresar al origen de la jubilación en la Argentina. Nuestro sistema previsional nació como un derecho social basado en la solidaridad entre generaciones. No era un fondo individual ni una apuesta financiera: era una construcción colectiva que garantizaba que cada persona, después de toda una vida de trabajo, pudiera envejecer con dignidad. El Estado, los empleadores y los trabajadores conformaban un pacto social que sostenía ese derecho.

Todo cambió en los años ’90. Durante el gobierno de Carlos Menem, y bajo la presión ideológica del FMI y el Banco Mundial, se sancionó en 1994 la Ley 24.241 que creó las AFJP. La privatización no fue solamente una reforma técnica: fue un negocio monumental. Las AFJP se quedaron con el flujo de los aportes previsionales y cobraron comisiones elevadísimas; varios grupos económicos locales e internacionales se enriquecieron administrando fondos ajenos. Gobernadores, legisladores y muchos dirigentes sindicales avalaron aquella entrega. Algunos gremios incluso se convirtieron en accionistas de AFJP, beneficiándose de un sistema que perjudicaba directamente a los trabajadores que decían representar.

En medio de ese consenso neoliberal hubo una excepción fundamental: ATE. Fue el único sindicato nacional que rechazó desde el principio la privatización previsional. Señaló, cuando casi nadie se animaba a hacerlo, que las AFJP destruían la solidaridad del sistema, convertían la jubilación en un negocio financiero y ponían el destino de millones de personas en manos de bancos y aseguradoras. Sostuvo esa posición durante toda la década, incluso enfrentando a otros sectores del movimiento obrero que habían abrazado la privatización.

Con los años, los hechos le dieron la razón. El sistema privatizado excluyó a cientos de miles de trabajadores, generó desigualdad, precarizó el futuro previsional y colocó los ahorros de la población en operaciones de riesgo. La crisis financiera internacional de 2008 terminó de desnudar la fragilidad del modelo: los fondos de los trabajadores se evaporaban al ritmo de la caída de los mercados. Ante ese escenario, el Estado argentino decidió actuar.

El 20 de noviembre de 2008, el Congreso votó la ley que eliminó las AFJP y creó un sistema previsional público, único y estatal. Fue un acto de reparación histórica. Las jubilaciones volvieron a estar en manos del Estado y ya no de empresas cuyo objetivo era maximizar ganancias. Millones de trabajadores recuperaron un futuro estable, y la Argentina volvió a tener un sistema previsional que respondía a un principio elemental: la seguridad social no es un negocio, es un derecho.

Esa conquista, sin embargo, vuelve a estar amenazada. El régimen de Javier Milei, acompañado por gobernadores y diputados que actúan como engranajes del poder financiero —no todos, pero sí varios—, avanza con un nuevo intento de privatización. Quieren reinstalar el viejo modelo de las AFJP, disfrazado de “libertad” y “modernización”. Pero la historia reciente es clara: cuando el mercado administra jubilaciones, ganan unos pocos y pierde todo un país.

Por eso, recordar el 20 de noviembre de 2008 es recordar una victoria popular frente a la entrega. Es reconocer quiénes defendieron el derecho previsional y quiénes lo vendieron. Y es, sobre todo, una advertencia para el presente: los derechos conquistados no son eternos; se sostienen con organización, memoria y decisión política.

Ese día, el pueblo argentino recuperó sus jubilaciones. Hoy, la historia vuelve a exigir que sepamos defenderlas.