Diputados avanzan con una moción de censura contra Guillermo Francos por la Ley de Discapacidad

Redacción Raíces Digital | La oposición impulsa en el Congreso la interpelación al jefe de Gabinete por suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a que fue promulgada tras la insistencia legislativa. Denuncian un avasallamiento institucional y una crueldad social sin precedentes.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso sumó un nuevo capítulo con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Tras haber sido aprobada por ambas cámaras, vetada por el presidente Javier Milei y finalmente promulgada por insistencia legislativa, la norma quedó en un limbo: el gobierno nacional decidió suspender su aplicación mediante el Decreto 681/2025, dejando a miles de personas con discapacidad sin las respuestas que la ley les garantizaba.

La decisión motivó un fuerte rechazo en la oposición. En la Cámara de Diputados, el legislador de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y avanzar con una moción de censura en su contra. El escrito denuncia la nulidad del decreto, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación presupuestaria para llevar adelante lo dispuesto por la norma.

La iniciativa recibió el respaldo de figuras de peso como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, quienes coincidieron en que lo ocurrido “es un atropello no solo a los derechos de las personas con discapacidad, sino al propio funcionamiento de la República”.

En paralelo, en el Senado también se avanzó con un pedido para citar a Francos a dar explicaciones y, en caso de no satisfacer las demandas, avanzar hacia un planteo de remoción por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Desde la oposición advierten que la maniobra del Ejecutivo representa una “doble crueldad”: primero vetó una ley que buscaba atender la emergencia de uno de los sectores más vulnerables y luego, cuando el Congreso la repuso, optó por bloquear su aplicación. “No se trata solo de una pulseada institucional —señalaron—, sino de la vida cotidiana de miles de familias que necesitan terapias, tratamientos y derechos básicos que el Estado está obligado a garantizar”.

En medio de la polémica, Guillermo Francos aseguró que concurrirá al Congreso si se concreta la citación. Sin embargo, la tensión política ya está planteada: lo que se discute no es únicamente la vigencia de una ley, sino la voluntad del gobierno de Javier Milei de recortar derechos incluso a costa de desconocer el mandato del Congreso.