Javier Milei Rompe Promesas y Privatiza Empresa Estatal Impsa en un Movimiento Sorpresivo

El régimen de Javier Milei, se prepara para su primera privatización de manera inesperada, incumpliendo acuerdos previamente establecidos antes de la aprobación de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Esta ley, que favorece a los grupos económicos en detrimento del pueblo, ha permitido la venta de la metalúrgica IMPASA, situada en la provincia de Mendoza, a pesar de no estar incluida en el listado inicial de empresas estatales sujetas a privatización, pero Diputados le otorgó la suma del poder público con las facultades delegadas.

La empresa IMPASA constituye “un modelo a nivel nacional y regional de las capacidades de la industria metalúrgica argentina”, destacó hoy la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

El rol estratégico de IMPASA no solo se debe a sus más de 700 trabajadores altamente calificados y las 100 pymes que integran sus cadenas de valor, sino también porque se destaca por su producción de alto contenido tecnológico.

En 2021, bajo la gestión del presidente Alberto Fernández, IMPASA fue estatizada tras una inversión de 15 millones de dólares, lo que dejó al Estado argentino con la mayoría de las acciones (63.7%). Sin embargo, algunas empresas de comunicación han informado que el día miércoles pasado se firmo una carta de intención con una empresa yanqui interesada en adquirir la firma.

Fuentes cercanas indican que una delegación de IMPAS ya se encuentra en suelo norteamericano para negociar el acuerdo.

Aunque IMPASA exporta el 85% de su producción y está presente en más de 40 países, el régimen de Javier Milei justifica la venta alegando la falta de capital necesario para enfrentar sus crecientes deudas.

Milei ha reiterado su intención de privatizar las empresas públicas, considerando al Estado una “organización criminal” que debe ser reformada o eliminada. Esta acción no solo confirma sus posturas extremas, sino que también evidencia la rapidez con la que el nuevo gobierno está dispuesto a desmantelar el patrimonio estatal, beneficiando a sectores económicos y dejando al pueblo argentino en una situación de mayor vulnerabilidad.