Régimen Penal Juvenil: “Está lejos de saldar una deuda histórica”

Comenzó a tratarse en Diputados el proyecto del Gobierno para bajar la edad de punibilidad a 13 años. María José Cano, dirigente de CTA y especialista en la temática, advierte sobre la posibilidad de que niños y adolescentes sean alojados en penales. ¿Cómo sigue el debate?

Comenzó en la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento en comisiones del proyecto de ley presentado por el Gobierno de Javier Milei para la creación de un Régimen Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de punibilidad a los 13 años y establece penas privativas de la libertad de hasta 20 años.

En esta primera reunión de las áreas de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda, participaron como expositores funcionarios de segunda línea vinculados a Justicia y Política Criminal, lo que fue cuestionado por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), quien pidió la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ambos firmantes del proyecto de Ley.

Se trata de Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación; Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación; y Fernando Soto, director Nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Público, quienes reiteraron los argumentos que el oficialismo viene desparramando en los medios para defender una propuesta netamente punitivista: la necesidad de aggiornar la actual legislación que data de la dictadura-algo que ningún sector político discute-, y que el delito juvenil viene en ascenso.

Cabe recordar que Soto fue abogado defensor de Luis Chocobar -el policía que  asesinó de dos tiros por la espalda a Juan Pablo Kukok- cuya condena fue anulada a los meses de la vuelta de Bullrich al Gobierno.  

“Que Soto, el ideólogo penal de Patricia Bullrich, sea la voz de un proyecto que pretende encerrar niños de 13 años, un tipo que jamás respetó a Juan Pablo Kukoc, un pibe de 18 años, víctima de su defendido Chocobar. Que ese tipo hable de derechos y de niños, qué ASCO (sic)”, tuiteó la titular del Centro de Estudios de Política Criminal (CEPOC), Claudia

También tomaron la palabra diputados y diputadas de distintos bloques, entre ellos, Roxana Reyes (UCR), titular de Familias, Niñez y Juventudes, quien se comprometió a que su comisión trabajaría para que el nuevo Régimen Penal Juvenil “tenga la función esencial de resocialización; de educación; y que no sea necesariamente punitivo, sino que reinserte al joven que por diversas razones ha ingresado en la actividad criminal”.

Una de las intervenciones destacadas fue la de la diputada Natalia Zaracho (UxP), quien habló de la importancia de discutir políticas se seguridad, pero con seriedad. “Cuando las cosas se ponen difícil, en los barrios también la sufrimos”, dijo.

Sobre el proyecto en debate, afirmó: “Los funcionarios del Gobierno dicen que va a ser una política integral. Yo me pregunto cómo van a hacer cuando están teniendo una política de destruir el Estado, de desfinanciar la salud, de educación, las políticas que llegaban a los barrios populares”.

“El proyecto está lejos de saldar una deuda histórica”

Así lo afirmó María José Cano, Directora de Derechos Humanos de la CTA Autónoma y expresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, en referencia a la necesidad de que la Argentina tenga un Régimen Penal Juvenil, respetuoso de los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia. Por el contrario, señaló que el propuesto por el Ejecutivo en el proyecto de ley en debate es “totalmente regresivo”.

“No solo porque pretende bajar la edad mínima de responsabilidad penal a los 13 años, sino porque además habilita penas con privación de la libertad de hasta 20 años”, advirtió.

Para la dirigente sindical, “una de las preocupaciones más grandes es que admite expresamente el alojamiento de niños, niñas y adolescentes en establecimientos penitenciarios violando el principio de especialidad y de trato diferenciado de aquellos niños, niñas, y adolescentes acusados o condenados de cometer un delito”.

Cano también puso en cuestión que para fundamentar la pertinencia del proyecto se utilicen estadísticas solo de Ciudad de Buenos Aires, que –aclaró- “tampoco dan cuenta de que haya un ascenso de delitos de niños, niñas y adolescentes que justifiquen la creación de un Régimen Penal de estas características”.

La especialista señaló que números más representativos son los que ofrece la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el universo de jóvenes en conflicto con la ley penal más alto: el 53% del país. A julio de 2024, según datos recabados por el Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, hay 650 adolescentes privados de su libertad y 2400 cumpliendo medidas en el marco de algún proceso judicial.

Pero,  “¿Qué significan esos números?”, planteó.  “Se trata del 0,17% del total de adolescentes  entre 12 y 17 años que habitan la provincia. Son números concretos de que no necesitamos el avance de esta propuesta, menos en un contexto en el que la peor violencia es el hambre, donde 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes pasan hambre, donde la pobreza alcanza al 55% de la población, y donde se retienen alimentos en galpones. Las prioridades tienen que estar en otro lado”, aseveró.

Otra de las organizaciones de Derechos Humanos que se pronunció fue el Centro de Estudios Legales y Sociales. En un posteo en redes resumió los puntos más peligrosos del proyecto del Ejecutivo, que de aprobarse implicará “más niños y niñas en la cárcel”, que haya “presos a cualquier edad” y que para muchos signifique “pasar la vida en prisión”.

Además, alertó sobre los lugares de detención. “Lejos de ayudar a la resocialización, garantizar educación y brindar herramientas para el crecimiento, son lugares de hacinamiento donde se pasa hambre, frío y circula violencia”.

Cronograma en Diputados

La próxima reunión del plenario de comisiones será el martes 6 de agosto, cuando expondrán los autores de proyectos que presentaron diputados de diferente extracción política. El 14 de agosto, en tanto, comenzará la ronda de consultas con especialistas.

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