La ceguera de Milei ante una contundente movilización y la desfinanciación universitaria

Editorial / Raíces Digital

El veto de Javier Milei al financiamiento de las universidades no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de su gobierno que evidencia una ceguera alarmante ante las necesidades sociales y la creciente movilización popular. Este veto, que niega a las universidades los recursos indispensables para su funcionamiento, se enmarca en una serie de políticas de ajuste que están asfixiando a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que los grandes beneficiarios siguen siendo los grupos económicos y sectores adinerados.

Desde la llegada de Milei al poder, ha quedado claro que la educación pública no está en la lista de prioridades de su administración. En lugar de fortalecer el acceso a la educación superior como un pilar para el desarrollo económico y social del país, el presidente ha optado por reducir los fondos. Este recorte no solo afecta directamente a los docentes, que ya perciben salarios insuficientes y por debajo de la línea de pobreza, sino que también pone en jaque el funcionamiento básico de las instituciones. Las universidades hoy no pueden garantizar ni siquiera servicios esenciales como la calefacción y la electricidad.

Este escenario de desfinanciación ha provocado una reacción contundente de diversos sectores. En las últimas semanas, hemos sido testigos de movilizaciones multitudinarias en todo el país, con estudiantes, docentes y trabajadores de la educación marchando en defensa de un sistema que está siendo sistemáticamente desmantelado. Pero la respuesta de Milei sigue siendo la misma: desoír las demandas y continuar con su política de ajuste. El gobierno insiste en que estos recortes son necesarios para reducir el déficit fiscal, pero este argumento se vuelve insostenible cuando observamos que al mismo tiempo se han reducido los impuestos a los sectores más ricos del país. La contradicción es evidente: mientras se achican los presupuestos de áreas fundamentales como la educación, se favorece a quienes menos lo necesitan.

En este contexto, el gobierno de Milei parece estar apostando a la confrontación y no al diálogo. La movilización masiva que se ha desplegado en el país muestra que hay un rechazo profundo a este rumbo. Sin embargo, la administración sigue firme en su decisión de llevar adelante un ajuste brutal, cuyo verdadero objetivo parece ser el desmantelamiento del Estado y la privatización de sus funciones.

Este panorama es aún más oscuro cuando recordamos que la gestión actual ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción, y sin embargo, ya ha sido alcanzada por múltiples denuncias por el mismo motivo. El despido del anterior interventor de YCRT por corrupción y la designación de Pavel Gordillo, a más de mil kilómetros de Río Turbio, no solo evidencia improvisación sino que deja abierta la puerta a la duda: ¿será Gordillo quien ejecute el “trabajo sucio” de un nuevo ajuste en la empresa? ¿Está preparando el terreno para la privatización de YCRT al mejor postor?

El pueblo argentino ya vivió el proceso de privatización de empresas estatales en los 90, y el saldo no fue positivo. Lejos de mejorar los servicios y reducir costos, las privatizaciones se convirtieron en negocios para unos pocos, mientras el resto del país pagaba las consecuencias. Hoy, el modelo que propone Milei parece repetir ese mismo error, pero con una mayor dosis de ajuste. La presión sobre las provincias para achicar sus presupuestos, sumada al recorte en las áreas más sensibles, sugiere que el impacto social será profundo.

Si Milei continúa este camino, las consecuencias serán devastadoras. El pueblo se encuentra cada vez más acorralado por las subas en los alquileres, el aumento de tarifas y la amenaza latente de la quita de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta política no solo precariza a los más vulnerables, sino que profundiza la desigualdad. Si se eliminan los planes sociales, como ha anunciado el gobierno, ¿qué alternativa queda para quienes dependen de ellos para subsistir? ¿Cómo se espera que sobrevivan en un contexto de desempleo y de una economía que no muestra signos de reactivación?

El presidente Milei se está jugando una carta peligrosa. Si persiste en su ceguera ante la realidad social y no cambia el rumbo económico, el país podría enfrentarse a una crisis social de dimensiones imprevisibles. Las movilizaciones que hoy inundan las calles son una señal clara: el pueblo argentino no va a tolerar políticas que lo empujen aún más hacia la pobreza y la exclusión.

Milei tiene la responsabilidad de rectificar antes de que sea demasiado tarde. La historia ya nos ha enseñado que las políticas de ajuste y privatización, cuando no se acompañan de un verdadero plan de desarrollo inclusivo, solo profundizan las desigualdades. ¿Será capaz de escuchar las demandas de un pueblo que está al borde del colapso social? El tiempo dirá, pero las señales son preocupantes.