Brutal represión en la marcha de los jubilados: cientos de heridos y detenidos
La represión desatada en la marcha de los jubilados dejó un saldo de cientos de detenidos, decenas de heridos y un fotógrafo en grave estado. Mientras el gobierno justifica la violencia y criminaliza la protesta, la sociedad respondió con cacerolazos y movilizaciones en todo el país. La crisis política y social se profundiza en medio de ajustes brutales y escándalos en l Congreso.
En una de las más feroces represiones policiales registradas desde el año 2001, las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich y Javier Milei atacaron con violencia desmedida a quienes se manifestaban en la multitudinaria marcha de los jubilados. Gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma fueron utilizados contra la multitud en una verdadera cacería humana.
Las patotas uniformadas y motorizadas, armadas con distintos tipos de armamento, detuvieron a unas 150 personas y dejaron decenas de heridos, algunos de gravedad. El gobierno plantó piedras en los contenedores cercanos al Congreso para justificar los ataques, y se registró a un policía acomodando un arma en la Plaza para incriminar a los manifestantes.
Detenciones arbitrarias y maltratos Más de 30 detenidos fueron mantenidos esposados y tirados en el suelo en un centro de detención improvisado tras el Obelisco. Muchos presentaban heridas y signos de violencia. Los agentes se negaron a informar sobre su destino, y una mujer policía llegó a amenazar: “yo los prendería fuego a todos”.
Uno de los casos más graves fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo tras ser golpeado con un tubo de gas lacrimógeno. Fue operado de urgencia en el Hospital Ramos Mejía y su vida está en peligro.
Justificaciones del gobierno y repudio popular La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la represión y descalificó a Grillo asegurando que era “un militante kirchnerista”. Además, intentó desviar la atención asegurando que los manifestantes eran “barras bravas” que llegaron “para matar”.
El Padre Paco intentó frenar una detención, ofreciendo ser arrestado en su lugar. Fue derribado por la policía, aunque finalmente lo liberaron al reconocerlo como sacerdote.
Tras la represión, miles de personas salieron a las calles en cacerolazos espontáneos en distintos puntos del país. En la medianoche, una nueva marcha copó Plaza de Mayo, exigiendo la liberación de los detenidos.
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos, remarcando que se encontraba en juego “el derecho a la protesta y la libertad de expresión en democracia”.
Discursos de odio y desinformación oficial El gobierno de Milei intensificó su discurso criminalizante. Bullrich afirmó que los detenidos enfrentarán hasta 20 años de prisión con la “Ley Antimafia” y aseguró que el Estado “no permitirá más aprietes ni extorsiones”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó sin pruebas a los hinchas de fútbol de ser “una mafia financiada por sectores políticos”. Mientras tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof denunció que la represión fue feroz, ilegal y premeditada, calificándola como “un atentado contra la democracia”.
Jubilaciones y ajuste brutal El trasfondo de la protesta es el brutal ajuste sobre los jubilados. La canasta básica de un jubilado cuesta $1.200.523, mientras que la jubilación mínima apenas alcanza los $350.000 con bono incluido.
El senador radical Martín Lousteau denunció que “de cada 100 pesos que Milei recortó en 2024, casi 20 provinieron de jubilaciones y pensiones”. A su vez, alertó que los medicamentos aumentaron un 361 % y se limitó la cobertura de remedios esenciales.
Escándalos y tensión en el Congreso Mientras afuera la policía reprimía, dentro del Congreso la sesión de Diputados fue levantada arbitrariamente por el oficialismo tras una pelea a golpes entre legisladores.
Las internas dentro de La Libertad Avanza estallaron con enfrentamientos entre Lisandro Almirón y Oscar Zago, y entre Lilia Lemoine y Rocío Bonacci, quien terminó arrojándole agua a su excompañera de bloque.
En medio del caos, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora sobre la estafa con la criptomoneda Libra, promovida por Javier Milei. Además, el oficialismo logró bloquear el debate sobre el juicio político al presidente.
La jornada del 12 de marzo de 2025 quedó marcada como una muestra de la escalada autoritaria del gobierno, con represión brutal, intentos de censura y la profundización de un modelo de ajuste que golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad.
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