La Justicia Federal de Chaco bajo presión: la mafia del desmonte busca impunidad

Poderosos intereses económicos presionan para desactivar la mayor causa penal contra el desmonte ilegal en Chaco. La jueza federal Zunilda Niremperger se declaró incompetente sin pedido de parte y encendió las alarmas en el ámbito judicial y ambiental.

La provincia del Chaco es escenario de una disputa clave: la defensa del monte nativo frente a una red de poder político-empresarial que lo arrasa sin contemplaciones. Pero ahora, la batalla no es solo ambiental, sino también judicial.

En mayo de 2024, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) junto al Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentó la causa penal más importante de la historia chaqueña contra el desmonte ilegal. En el expediente FRE 3086/2024 se investiga a funcionarios nacionales, ex funcionarios, empresarios y operadores implicados en desmontes ilegales, lavado de dinero, trata de personas y delitos ambientales.

Sin embargo, en una decisión sorpresiva, la jueza federal Zunilda Niremperger se declaró incompetente para continuar con la causa, sin que mediara siquiera un pedido de parte, algo que fue interpretado como un gesto ante las crecientes presiones políticas y económicas.

Una causa estratégica en riesgo

La causa judicial tiene valor estratégico no solo por el volumen de pruebas recolectadas, sino porque permite investigar el entramado completo del ecocidio chaqueño, que incluye maniobras sistemáticas para violar la Ley de Bosques, burlarse de medidas cautelares, recategorizar zonas protegidas a favor del agronegocio y desplazar comunidades campesinas e indígenas.

Los desmontes están prohibidos, pero continúan gracias a la protección política y la connivencia judicial.

La decisión de la jueza pone en riesgo la unidad de la investigación, ya que su fragmentación en múltiples juzgados provinciales debilitaría el proceso y lo dejaría a merced de lobbies locales. Además, los delitos investigados son claramente federales: lavado de activos, trata de personas y afectación ambiental con impacto regional, lo que refuerza la necesidad de una competencia federal.

Apelación en marcha

La decisión de Niremperger no está firme. Fue apelada tanto por la organización querellante como por la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Patricio Sabadini, que también considera que los hechos son de competencia federal.

Desde las organizaciones impulsoras de la denuncia sostienen que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia tiene la responsabilidad de revertir esta maniobra y mantener firme la causa, para que el monte chaqueño y sus comunidades no queden indefensos ante el avance del ecocidio.

El monte no se negocia

“El accionar del Poder Judicial no puede reducirse a juegos de competencia sin fundamentos. Ceder ante las presiones del poder económico significa avalar un modelo de saqueo”, señalaron desde AAdeAA y CAJE.

“Vamos a seguir en los territorios y en los tribunales. No vamos a permitir que la mafia del desmonte avance con complicidad judicial. El monte chaqueño no puede quedar a merced del ecocidio, ni las comunidades a merced del abandono”, concluyeron.