La Justicia le puso un freno a Milei: el derecho a la discapacidad está por encima del ajuste

Redacción Raíces Digital | Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La sentencia remarca que los derechos de las personas más vulnerables, en especial niñas y niños, no pueden ser recortados bajo la excusa de que “no hay plata”.

La historia es clara: el Congreso había votado una ley para garantizar prestaciones básicas de salud, educación y rehabilitación a personas con discapacidad. Pero el presidente Milei la vetó, con el mismo argumento que repite como un mantra: el equilibrio fiscal.

El gobierno habló de un gasto imposible de sostener, de miles de millones que pondrían en riesgo su plan de déficit cero y hasta de una supuesta amenaza de endeudamiento descomunal. Sin embargo, la Justicia dijo otra cosa: los derechos humanos no pueden depender de cálculos contables.

El juez Adrián González Charvay, del Juzgado Federal de Campana, fue categórico: vetar la ley era una forma de discriminación, porque condenaba a miles de personas –sobre todo chicos y chicas en situación de vulnerabilidad– a perder tratamientos y apoyos fundamentales.

La resolución recuerda que el Estado tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar esas prestaciones. Y que, si hay que mover partidas o buscar recursos, esa es tarea del Ejecutivo, no un pretexto para abandonar a quienes más lo necesitan.

Más allá del expediente

Por ahora, el fallo beneficia directamente a una familia que presentó un amparo. Pero marca un precedente fuerte: abre la puerta a que otras familias y organizaciones sigan el mismo camino judicial, y al mismo tiempo, presiona políticamente al Congreso para que trate de rechazar el veto.

Mientras tanto, en las calles, colectivos de discapacidad ya convocan vigilias y movilizaciones en Plaza de Mayo y en el Congreso. Porque saben que la pelea no es solo jurídica: es social, política y profundamente humana.

El trasfondo económico

El Gobierno decía que la ley era inviable porque costaba hasta 0,4% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso, en cambio, calculó un impacto mucho menor y con fuentes de financiamiento posibles. Un gasto ínfimo si se lo compara con el ajuste brutal que ya se descarga sobre salarios, jubilaciones y obra pública.

Lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria. Es la definición de qué tipo de país queremos: uno que cierra cuentas en Excel, o uno que abre las puertas de la inclusión y la dignidad.

Una lucha abierta

El fallo judicial dejó en claro que la excusa de “no hay plata” tiene un límite: los derechos humanos no se negocian. Y ese límite lo marcan las personas con discapacidad, sus familias, y una sociedad que no acepta que se las empuje al abandono.

El ajuste podrá ser la bandera del gobierno, pero la dignidad seguirá siendo la bandera de los pueblos.