No hay que escaparle a la definición de periodismo militante

El periodista Ari Lijalad, referente de El Destape, visitó la Facultad de Diseño de la UNCuyo para brindar la charla “Compromiso con la verdad”, organizada por esa casa de estudios. Allí defendió la dimensión política de la tarea periodística y cuestionó el rol de los grandes grupos mediáticos.

“Yo hago periodismo porque es mi forma de hacer política, de intervenir en la polis, como decía Aristóteles. No hay que escaparle a la definición de periodismo militante”, sostuvo. Y añadió: “Los periodistas somos sujetos políticos muy relevantes porque monopolizamos la producción de la información. Eso no le quita profesionalismo a nuestro trabajo, al contrario: nos obliga a producir pedacitos de verdad sobre lo que se oculta”.

Lijalad remarcó que la disputa por la verdad se da en un terreno atravesado por intereses económicos. “En los medios de lo que se trata no es solo de instalar supuestas verdades, sino sobre todo de silenciar. El dinero circula para que te calles, para que no publiques, para que no se sepa”, denunció. En ese punto, diferenció entre empresas mediáticas que funcionan como “unidades de negocios” y medios que intentan hacer periodismo, aunque con menos recursos. “El sistema de medios reproduce el sistema económico de un país. Por eso discutir medios es discutir poder y dinero”, enfatizó.

El periodista también citó a George Orwell para marcar una frontera tajante entre el oficio periodístico y la comunicación corporativa: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas”. En ese sentido, marcó una diferencia clara entre quienes ejercen la profesión y quienes, desde medios ligados a intereses empresariales, funcionan como relacionistas públicos: “No es que unos sean buenos y otros malos; son trabajos distintos. Pero el nuestro es producir información, no ocultarla”.

Lejos de mostrarse pesimista, Lijalad subrayó que en los últimos años se consolidó un nuevo ecosistema de medios en Argentina, con proyectos colectivos como El Destape, Futurock, Tiempo Argentino y diversas iniciativas cooperativas y universitarias. El desafío, advirtió, es lograr que esos espacios se sostengan en el tiempo sin resignar independencia.

El encuentro, organizado por las autoridades de la Facultad de Diseño, cerró con un llamado a sostener un periodismo consciente de su rol político y comprometido con la verdad: “Podemos construir pequeñas verdades sobre muchas cosas que después ayudan a organizar nuestras decisiones colectivas. Esa es, para mí, la verdadera función del periodismo”.

Periodismo, militancia y profesionalismo

Ari Lijalad inició su carrera colaborando con María Seoane en investigación y producción de libros y documentales. Entre 2010 y 2014 coordinó el equipo de investigación periodística de Radio Nacional y fue docente en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y en la UMET. En 2012 dirigió la serie documental Clarín, un invento argentino y publicó Macri lo hizo y Plan Macri (2016). Desde 2018 conduce programas en El Destape y el radial Habrá consecuencias.

Su investigación más resonante reveló que el gobierno tenía almacenados más de cinco millones de kilos de alimentos sin distribuir a comedores, pese al aumento de la pobreza. Los productos —yerba, leche en polvo, aceite, harinas— fueron adquiridos por la administración anterior y permanecían en depósitos, algunos próximos a vencer o vencidos. La denuncia surgió de un pedido de acceso a la información pública.

En mayo de 2025, el presidente Javier Milei lo denunció penalmente por “calumnias e injurias”, junto a otros comunicadores, tras su artículo Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi. Milei consideró que la comparación entre su discurso y la retórica nazi constituía una “banalización del Holocausto” y violaba el acuerdo IHRA.

Sin embargo, la fiscal Paloma Ochoa concluyó que no había delito, argumentando que se trataba de un tema de interés público protegido por la libertad de prensa. Posteriormente, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia, señalando que las expresiones están amparadas por la libertad de expresión y que su criminalización afectaría el debate democrático.