De la motosierra al fusil: el gobierno de Milei legaliza armas semiautomáticas para civiles
Mientras la pobreza y el desempleo golpean con fuerza, el gobierno de Javier Milei autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles, derogando una prohibición vigente desde 1995.
La medida, defendida por el RENAR como una cuestión de “trazabilidad y control”, abre una nueva grieta entre el discurso libertario de la “libertad individual” y el riesgo de una sociedad cada vez más armada y desprotegida.
El 4 de noviembre de 2025, el Boletín Oficial publicó la Resolución 37/2025 del RENAR, que permite a legítimos usuarios civiles acceder a fusiles semiautomáticos bajo un régimen de “uso deportivo”. Sin embargo, la decisión llega en un contexto de pobreza creciente, inseguridad y tensiones sociales, transformando esta autorización en una bomba de tiempo política y cultural.
Argentina amaneció con una noticia que parece sacada de otro país o de otra época. En un momento en que millones hacen malabares para comer, el gobierno de Milei decidió habilitar la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles.
No cualquier civil, claro: sólo los “legítimos usuarios deportivos”, según la letra fría de la resolución. Pero el gesto simbólico es brutal: mientras la mesa está vacía, el Estado pone sobre ella un arma.
La norma, publicada el 4 de noviembre, autoriza a usuarios registrados con al menos cinco años de antigüedad a adquirir y guardar armas semiautomáticas derivadas de modelos militares, como el AR-15, el BAR-15 o el legendario FAL en versión civil. Hasta ahora, esa posibilidad estaba vedada por el Decreto 64/1995 de la era Menem, que prohibía expresamente la tenencia de este tipo de fusiles para civiles. Milei lo derogó en junio de 2025 mediante el Decreto 397/2025 y completó el esquema con esta resolución del RENAR.
El argumento oficial sostiene que no se trata de “liberar las armas”, sino de “recuperar la trazabilidad”. En palabras de Juan Pablo Allan, director del organismo, el objetivo sería “sacar del circuito ilegal las armas que estaban fuera del control estatal” y permitir que los legítimos usuarios deportivos puedan regularizar su situación.
Una frase impecable desde lo técnico, pero profundamente cínica si se la coloca en el contexto de un país con pobreza estructural, desempleo y violencia cotidiana.
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