En un contexto marcado por la escalada de tensiones entre el sindicalismo argentino y el Gobierno nacional, las organizaciones gremiales más relevantes del país, lideradas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Choferes de Camiones, han iniciado un plan de acción en defensa de los derechos laborales y los intereses de los trabajadores del sector público y privado. En una reciente reunión, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, y Pablo Moyano, Secretario Adjunto de Camioneros y miembro de la CGT, acordaron la necesidad de una medida de fuerza de alcance general que frene los recortes y ajustes impulsados por el Régimen de Milei.
Ambos dirigentes coincidieron en que la unidad sindical es fundamental para enfrentar el contexto actual, en el que las políticas gubernamentales, apoyadas por sectores del poder económico, han implementado recortes que afectan tanto al salario como al empleo y al bienestar general de los trabajadores. Aguiar expresó que la situación requiere la construcción de un frente sindical de resistencia que pueda consolidar las demandas ante un gobierno que busca recortar el gasto público a expensas de los trabajadores.
ATE ha anunciado que convocará un Plenario Federal el próximo 21 de noviembre, en el cual delegados de todo el país analizarán y definirán la continuidad del plan de lucha. Entre las medidas a considerar se incluye la posibilidad de un paro nacional, con el objetivo de defender los derechos laborales, evitar más despidos, y preservar el rol del Estado y sus empresas públicas frente a las amenazas de privatización y vaciamiento de sectores estratégicos.
La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es otro punto crítico en la agenda del sindicato, que denuncia una caída superior al 34% en el salario real durante el año. Esto se agrava con la reciente oferta del Gobierno de un aumento del 2% en noviembre y 1% en diciembre, considerada insuficiente frente al impacto de la inflación en los ingresos de los trabajadores estatales.
Desde ATE y otros sectores sindicales, se exige también la reincorporación de trabajadores injustamente cesanteados y la detención de los despidos en el sector público, rechazando cualquier intento de privatización que comprometa el funcionamiento y la soberanía de los servicios esenciales que el Estado brinda a la ciudadanía.
La construcción de un frente sindical de resistencia representa una esperanza en medio de un panorama sombrío para los trabajadores, señaló Aguiar. Este frente se presenta como una última barrera de contención ante las políticas de ajuste promovidas por el gobierno del presidente Milei, que, según los dirigentes sindicales, ataca y estigmatiza a las organizaciones gremiales que no se alinean con su modelo económico.
Este llamado a la movilización surge como respuesta a las políticas del Gobierno que, con el respaldo de sectores legislativos, ha impulsado medidas como el Decreto 70/23, favoreciendo el recorte de servicios públicos y facilitando el avance de intereses privados sobre áreas estratégicas del Estado