Contratistas de la CIA, grandes tecnológicas y armamentísticas ¿Quiénes son las empresas más beneficiadas con la criminalización de los migrantes?
Una cantidad enorme de corporaciones se beneficia de las políticas de crueldad contra los migrantes según un informe.
Jonathan Ross, el agente del ICE que asesinó a Renee Good, observadora legal de 37 años en Minnesota, acumulaba una década de experiencia en un equipo de Respuesta Especial del ICE, el equivalente institucional a las unidades SWAT de élite. La muerte de Good no es un incidente aislado, sino el resultado previsible de un sistema que terceriza la formación de agentes federales a empresas con escasa rendición de cuentas y, en algunos casos, conexiones directas con quienes definen las políticas de inmigración desde el Congreso.
Detrás de la formación de oficiales como Ross existe una red de empresas privadas que han obtenido contratos lucrativos bajo la administración Trump. Target Down Group, una de estas contratistas, es propiedad del hermano del representante republicano Nick LaLota (Nueva York), según reveló la revista Wired en septiembre pasado. El curso, diseñado para institucionalizar los nuevos procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional, tiene un propósito explícito: “proveer a los agentes de las habilidades y conocimientos necesarios para ejecutar con eficacia operaciones de francotirador policial en entornos de alto riesgo”, según revelan los documentos obtenidos por la revista. Por este contrato, Target Down Group obtuvo 30 mil dólares.
El sitio web de Target Down Group identifica a Dan LaLota, francotirador retirado de la Infantería de Marina, como presidente de la compañía. Según la biografía oficial de su hermano publicada en el sitio del Congreso, LaLota prestó servicio durante dos décadas en el Cuerpo de Marines en unidades de élite, entre ellas la Fuerza de Reconocimiento y el Comando de Operaciones Especiales de la Infantería de Marina. Por sus acciones en Faluya, Irak, recibió la Estrella de Bronce al Valor.
El entrenamiento del ICE prepara a sus equipos de tareas especiales para el combate urbano. En Fort Benning, base del Ejército de Estados Unidos, la empresa Strategic Operations, Inc., por ejemplo, construyó un complejo de entrenamiento de $975,000 con réplicas “hiper-realistas” de viviendas y apartamentos para practicar guerra urbana. Para Katya Schwenk de Jacobin; “en julio de 2025, el ICE otorgó un contrato por primera vez de $23,000 a Reticence Group LLC, una empresa de seguridad armada con sede en Texas, para capacitación especializada en pistolas y rifles para agentes del orden. El mismo mes se adjudicó otro contrato por 35.000 dólares a Path Consulting LLC, una empresa con sede en Virginia Beach que, según un aviso de contrato, ofrece “entrenamiento con fuego real en combate cuerpo a cuerpo” y ayuda al equipo de respuesta especial del ICE a “desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar.
Desde septiembre, el ICE ha gastado casi ocho millones en “equipos nuevos (que incluyen autos chatarra, material de entrenamiento de francotiradores y un edificio modelo) para varios cursos, incluido uno táctico en Fort Benning”, según una revisión de los registros de contratación.
La militarización del ICE está en marcha en un momento donde hay serias preocupaciones de que sea el comienzo de una estrategia de seguridad para controlar conflictos internos en Estados Unidos. No son solo es el memorándum interno del ICE que permite el allanamiento de domicilios con una orden administrativa si los agentes buscan el arresto de una persona con orden de deportación, sino también documentos del Departamento de Seguridad Nacional que califican de “terroristas internos” a las personas que cometen “agravios económicos y financieros”, una categoría tan laxa y gaseosa que puede alcanzar a Luigi Mangione por asesinar al CEO de una empresa de salud, como a cualquier persona que proteste contra una corporación, según el periodista Ken Klippenstein.
La segunda administración Trump ha convertido al ICE en una fuerza paramilitar sin precedentes en la historia estadounidense. El presupuesto de la agencia se triplicó hasta alcanzar 29 mil millones de dólares anuales, cifra que la coloca por encima del gasto militar de naciones enteras. El salto en armamento resulta especialmente revelador: el gasto en armas y equipamiento aumentó 700% en 2025 respecto al año anterior, según reveló Latin Times. La agencia adquirió drones Predator —antes reservados para teatros de guerra en Medio Oriente—, helicópteros Black Hawk de asalto táctico, y sistemas de vigilancia con inteligencia artificial por cientos de millones de dólares. En esencia, el ICE opera ahora con capacidades tecnológicas y arsenales comparables a los de una fuerza de ocupación militar, pero sin las restricciones legales que limitan al Pentágono en suelo estadounidense, según Latin Times.
Los contratos revelan una lista de compras propia de un teatro de guerra: rifles de asalto SIG Sauer por 10 millones de dólares a través de Quantico Tactical, armas largas de Geissele Automatics por 9 millones, y equipamiento láser para rifles suministrado por ADS Tactical. El ICE acordó gastar casi 140 millones de dólares en armas, municiones y otros equipos para sus oficiales, reportó Bloomberg.
La flota de vehículos blindados constituye otro indicador de esta militarización acelerada. El ICE opera MRAPs Golan de fabricación israelí —vehículos antiminas de 16.5 toneladas originalmente diseñados para zonas de combate— junto con vehículos Senator STANAG para sus equipos de respuesta táctica, según reveló American Special Ops. Para operaciones aéreas, la agencia emplea helicópteros UH-60 Black Hawk cedidos por el Ejército, documentados durante la Operación Midway Blitz en Chicago en septiembre de 2025, cuando agentes descendieron en rappel sobre vecindarios civiles desde estas aeronaves militares, de acuerdo a la revista Neewsweek.
La tecnología de vigilancia militar resulta particularmente reveladora del alcance de esta transformación. El ICE tiene acceso a drones MQ-9 Predator B/Reaper de General Atomics a través de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), según informó Flying Magazine. Estos sistemas no tripulados, operados desde bases en Grand Forks (Dakota del Norte), Sierra Vista (Arizona) y San Angelo (Texas), vuelan a 20,000 pies de altitud con cámaras infrarrojas, video de alta definición y el sistema VaDER (Vehicle and Dismount Exploitation Radar), que emplea inteligencia artificial para rastrear vehículos y personas en movimiento. Estos mismos drones fueron desplegados sobre Los Ángeles durante protestas en junio de 2025: esto difumina por completo la línea entre el control policial doméstico y las operaciones militares.
Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, lidera todo este despliegue militar en redadas rápidas en domicilios, comercios y lugares públicos para detener, de forma masiva, a miles de personas en ciudades, en su mayoría, de tendencia demócrata, como Chicago, Minneapolis, y Los Ángeles, entre otras. La operación cuenta, además, con los sistemas de inteligencia artificial, creados por Palantir, para rastrear migrantes y cruzar sus datos, entre muchos otros. Una de las últimas “innovaciones” es, por ejemplo, es el armado de una base de datos maestra por parte de la empresa Parlantir y Databricks que cruzaría la información de organismos como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como la Administración del Seguro Social (SSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRI). “Uno de sus objetivos es utilizar estas bases de datos para impedir que los inmigrantes participen en la economía y forzar que abandonen el país”, según Wired.
Palantir Technologies se ha convertido en el arquitecto digital de la deportación masiva. La empresa, fundada con capital inicial de la CIA, ha obtenido más de 900 millones de dólares en contratos federales desde la inauguración de Trump en enero de 2025, según documentó el American Immigration Council. Su contrato ImmigrationOS de 30 millones de dólares, firmado en abril de 2025, proporciona “visibilidad casi en tiempo real sobre objetivos de deportación”. La vigilancia biométrica ha alcanzado escala industrial. Clearview AI recibió 9.2 millones de dólares para su sistema de reconocimiento facial (Brennan Center for Justice, Biometric Update), una plataforma alimentada por miles de millones de imágenes extraídas de internet y redes sociales sin consentimiento. La aplicación Mobile Fortify permite a los agentes escanear rostros en campo y cotejarlos contra 200 millones de fotografías en segundos. El sistema BI2 captura imágenes de iris para verificación biométrica instantánea. Además, el ICE tiene un contrato de dos millones de dólares con Paragon, una empresa israelí de cybervigilancia relacionada con el exprimer ministro israelí Ehud Barak, cuyo principal servicio está dedicado a penetrar en teléfonos inteligentes y recuperar sus chats en aplicaciones como Signal o Whatsapp.
La vigilancia digital del ICE llega hasta el punto de haber contratado una herramienta de IA, conocida conocida como ONYX., que mapea las publicaciones de redes sociales para ubicar personas que representen un “peligro” para la agencia. “El software analiza publicaciones y redes sociales anteriores para identificar a cualquier persona que considere con tendencias violentas o que guarde rencor contra la agencia. Esto crea un estado de vigilancia preventiva donde el tono en línea de un individuo podría desencadenar una investigación en el mundo real”, de acuerdo al periodista Daniel Joshua Flores.
Este Estado Policial de hipervigilancia contra los migrantes está cada vez más militarizado al punto que solo en 2025, el Pentágono destinó dos mil millones de dólares para la detención de “migración”. Además, por primera vez, se usaron más de diez mil tropas de la Guardia Nacional para localizar y detener migrantes, según documentos obtenidos por la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Los congresistas demócratas, , determinaron en un informe que el Departamento de Defensa destinó; “1.300 millones de dólares para el despliegue de tropas y recursos en la frontera, al menos 258 millones de dólares para apoyar las órdenes de Trump de desplegar tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis, al menos 420,9 millones de dólares para detener a inmigrantes en instalaciones militares nacionales y bases en el extranjero como Guantánamo y Camp Lemonnier en Yibuti, y 40,3 millones de dólares para vuelos militares para deportar y transportar a detenidos no ciudadanos”.
Esta transformación incluye el despliegue de tropas militares activas en operaciones de deportación en territorio estadounidense y la conversión de instalaciones militares en centros de detención masiva.
El centro de detención de Fort Bliss, conocido como “Camp East Montana”, simboliza la fusión entre infraestructura militar y control migratorio, según denunció la American Civil Liberties Union. Este complejo de 1.26 mil millones de dólares, inaugurado el 1 de agosto de 2025, se ubica en una base del Ejército en El Paso, Texas —el mismo sitio que el gobierno federal utilizó para internar a japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Con capacidad actual para 2,700 detenidos, la instalación tiene planes de expansión hasta 5,000 camas, lo que la convertiría en el mayor centro de detención federal del país. La elección del emplazamiento no es accidental: Fort Bliss ofrece al ICE infraestructura militar preexistente, aislamiento geográfico en zona desértica, y una cadena de mando que opera al margen de la supervisión civil que enfrentarían centros de detención urbanos. El paralelo histórico con los campos de internamiento de la Segunda Guerra Mundial subraya una continuidad inquietante en el uso de bases militares para la detención masiva de poblaciones civiles por motivos étnicos o migratorios. Otro centro militares utilizado para encarcelar migrantes fue la base de Guantánamo en Cuba, conocida por haber sido un centro de torturas durante la Guerra Contra el Terror.
La novedad de la Administración trumpista no solo es el aumento presupuestario a niveles astronómicos para el ICE, que alcanzan los 75 mil millones según la ley One Beatiful Bill, tampoco la utilización de leyes adhoc para controlar enormes multitudes, como la de Enemigos Extranjeros o el coqueteo con invocar la Ley anti Insurrección para ocupar ciudades con militares, sino la fusión militar-policial para convertir a los civiles estadounidenses en enemigos internos parecidos a militantes de Al Qaeda o el Estado Islámico. Trump trata a los migrantes, y a quienes protestan contra el ICE, igual que a las personas de los países que bombardea.

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