Crítica al ajuste brutal en la Obra Social: menos medicamentos y más desamparo
En un contexto de severos ajustes, el Gobierno Provincial, en consonancia con la política nacional, está implementando medidas que afectan directamente a los afiliados y afiliadas de la obra social Caja de Servicios Sociales.
La reciente reducción de 6.000 medicamentos en el listado de prestaciones, un reempadronamiento excluyente y la introducción de recetas online son ejemplos claros de un enfoque que prioriza el ahorro económico por encima de la salud de los beneficiarios.
Para la administración actual, cualquier déficit se convierte en un problema que debe ser ajustado, reflejando una visión de provincia donde el estado interviene lo menos posible, considerando a las personas como meros números dentro de una economía autogestionada. Esta perspectiva se extiende a la obra social provincial, históricamente reconocida por sus prestaciones y su rol ejemplar de estado presente en Santa Cruz. Sin embargo, la actual gestión sigue una política que deja a los más débiles, enfermos y jubilados desprotegidos.
El reempadronamiento realizado a principios de año actuó como un filtro para dejar fuera a cientos de personas con tratamientos críticos, jubilados y pacientes derivados, poniendo en riesgo sus vidas. Esta medida no buscaba una actualización, sino un ajuste descarado.
Además, la introducción de recetas electrónicas parece diseñada para reducir las quejas, eliminando la atención personalizada y alejando a los beneficiarios del sistema de salud. La culminación de estas políticas de ajuste es la drástica reducción del listado de medicamentos de 12.000 a 6.000, resultando en la falta de acceso a numerosos remedios esenciales para los afiliados y afiliadas de la obra social.
El modelo de gestión de Vidal, en lugar de mejorar la eficiencia, se destaca por un ajuste implacable sobre los más vulnerables y una ausencia de verdadera gestión estatal. Esta situación refleja una grave desatención hacia quienes más necesitan el apoyo y la intervención del estado, poniendo en peligro la salud y el bienestar de la población más frágil de Santa Cruz.
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