En una sesión que dejó más preguntas que respuestas, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este polémico proyecto, impulsado por el oficialismo, se aprobó en medio de un fuerte operativo policial que incluyó la presencia de efectivos armados en el techo de la Cámara de Diputados, generando tensiones y críticas desde diversos sectores.
La aprobación: un triunfo oficialista entre ausencias y disconformidades
Tras dos intentos fallidos, el gobierno provincial logró finalmente sancionar la norma. Sin embargo, la votación estuvo marcada por las ausencias de algunos legisladores, una circunstancia que facilitó el avance del proyecto sin un debate pleno. Las imágenes del fuerte despliegue policial, que incluyó uniformados con armas de fuego en puntos estratégicos, reflejaron el nivel de tensión que rodeó la sesión.
Mientras los legisladores oficialistas defendieron la medida como una oportunidad para atraer grandes inversiones y fomentar el desarrollo económico, las voces opositoras denunciaron la falta de transparencia y la ausencia de un análisis profundo sobre las consecuencias sociales y ambientales de esta ley.
Las sombras detrás del RIGI
La normativa busca otorgar beneficios fiscales a proyectos de gran envergadura en sectores como minería y energía. Aunque se presenta como una herramienta para generar empleo e infraestructura, los críticos alertan sobre los riesgos asociados:
- Pérdida de recursos fiscales: Las exenciones impositivas podrían reducir los ingresos provinciales sin garantías claras de beneficios concretos para las comunidades locales.
- Impacto ambiental: La falta de regulación estricta sobre los proyectos aprobados podría provocar daños irreparables en el ecosistema de la región.
- Concentración de beneficios: Se teme que los incentivos favorezcan principalmente a grandes empresas, relegando a los pequeños productores y emprendedores locales.
- Débil control ciudadano: La rapidez con que se trató la adhesión y la limitada participación de organizaciones libres del pueblo en el debate legislativo generan dudas sobre la transparencia del proceso.
Operativo policial y el mensaje al pueblo
El despliegue policial durante la sesión legislativa fue una señal preocupante. La presencia de policías armados en los techos de la Cámara de Diputados no solo generó desconcierto, sino que también reflejó un ambiente de tensión y un mensaje implícito hacia quienes se oponen al proyecto. Esta imagen, que será recordada, puso en evidencia un distanciamiento entre el poder político y la ciudadanía.
Un cierre de año que divide
La aprobación del RIGI, lejos de ser un logro unánime, expone las divisiones políticas y sociales en Santa Cruz. Si bien el oficialismo celebra la medida como un triunfo legislativo, las críticas por las implicancias del proyecto y las formas en que se aprobó auguran un 2025 lleno de cuestionamientos. La falta de respuestas sobre cómo se garantizará que los beneficios lleguen al pueblo deja un sabor amargo en una provincia rica en recursos, pero aún enfrentada a profundas desigualdades.
Desde Raíces Digital, seguiremos de cerca el impacto de esta decisión y las acciones que se tomen para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos en el marco de esta controvertida normativa.