“Milei por decreto: baja masiva de retenciones mineras y un modelo que achica el Estado y presiona a Santa Cruz”

 Redacción Raíces Digital | El Decreto 563/2025 reduce a 0 % las retenciones de más de 230 productos mineros, manteniendo solo al litio y la plata con un 4,5 %. La medida se suma al RIGI y la Ley Bases, fortaleciendo la rentabilidad empresaria a costa de menos recursos fiscales y más presión ambiental. En Santa Cruz, el gobierno de Claudio Vidal se alinea con la Casa Rosada y renuncia a usar las herramientas legales para aumentar ingresos, mientras el costo lo asume el territorio y su gente.

El 6 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 563/2025, que fija en 0 % el Derecho de Exportación para más de 230 posiciones arancelarias del sector minero, abarcando productos de la minería metalífera y no metalífera, rocas de aplicación y piedras preciosas y semipreciosas. Solo el litio y la plata quedan afuera de esta exención y mantienen una retención del 4,5 %. También se derogó el Decreto 308/22, que había creado un registro de exportaciones de cobre que nunca llegó a funcionar.

El argumento oficial es que esta rebaja “estimula la inversión, genera empleo y aumenta las exportaciones”. Pero en los hechos, reduce de manera significativa la recaudación nacional que antes ingresaba por retenciones, debilitando la capacidad del Estado de financiar áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Aunque no lleva la recaudación a cero, sí significa un alivio fiscal muy importante para las grandes mineras, en su mayoría de capital extranjero.

En provincias mineras como Santa Cruz, donde la minería representa más del 80 % de las exportaciones y lidera la producción de oro y plata del país, la consecuencia es doble: menos recursos nacionales para coparticipar y la posibilidad —no utilizada— de aumentar la regalía provincial. El artículo 103 del “Paquete Fiscal” modificó la Ley de Inversiones Mineras y habilita a las provincias a subir del 3 % “boca de mina” al 5 % para proyectos nuevos. El gobierno de Claudio Vidal no muestra intención de hacerlo, alineado con las políticas de ajuste y entrega de recursos estratégicos que impulsa Milei.

Pero el impacto no es solo económico. Al hablar de presión sobre el territorio, se señala un proceso concreto: más superficie ocupada por emprendimientos mineros, más perforaciones, más consumo de agua dulce en zonas secas y mayor riesgo de contaminación de ríos, lagos y napas subterráneas. En Santa Cruz, eso significa poner bajo amenaza ecosistemas cercanos a glaciares y cuencas vitales. Sin controles ambientales robustos ni recursos adicionales para fiscalización, el avance minero se traduce en degradación ambiental y pérdida de calidad de vida para las comunidades.

La decisión de avanzar con esta política por decreto —sin debate legislativo amplio— reduce el control democrático sobre el manejo de los recursos estratégicos. Mientras muchos medios destacan el “potencial exportador” de la medida, casi nadie dice que ese crecimiento no garantiza más empleo local, ni industrialización, ni mejoras reales para la gente.

Conclusión editorial: El Decreto 563/2025, sumado al RIGI y a la Ley Bases, consolida un modelo minero-exportador pensado para maximizar ganancias empresarias y minimizar la participación del Estado. Para Santa Cruz y otras provincias mineras, implica menos ingresos fiscales, más impacto ambiental y menos margen para decidir sobre su propio desarrollo. En Raíces Digital lo decimos sin vueltas: es hora de discutir quién se queda con la riqueza del suelo y quién paga las consecuencias de este saqueo legalizado.

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