Un presupuesto sin control: Bullrich aumentó 1.800% los gastos reservados de Seguridad

Según reveló Ámbito Financiero, Patricia Bullrich incrementó en un 1.800% el presupuesto destinado a “gastos no especificados” en el Ministerio de Seguridad. Se trata de fondos cuya utilización real es secreta y que no están sometidos a control legislativo ni rendición pública.

El presupuesto nacional de 2025 evidencia una decisión política contundente: fortalecer el espionaje interno y la estructura represiva en detrimento de áreas básicas como vivienda y agua. Mientras el ítem de Vivienda y Urbanismo cayó del 3% al 0,07% del gasto total, y Agua Potable y Alcantarillado se redujo de 2,01% a 0,58%, Seguridad Interior pasó de 1,76% a 2,43%, un crecimiento llamativo en un país con alta conflictividad social.

El núcleo más alarmante es la subcategoría “Otros servicios no especificados” (n.e.p), dentro de “Servicios no personales”. Pasó de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones, es decir, un salto de más de 1.800%. Esta categoría engloba gastos reservados, servicios de vigilancia, ceremonial, y “otros” no identificados.

• En 2023, “Otros n.e.p” representaba el 15% de “Servicios no personales”.

• En 2024, subió al 22,1%.

• En 2025, se disparó al 57% del total de ese ítem.

Por ejemplo, solo en el primer trimestre de 2025, estos fondos crecieron de $2.600 millones a más de $52.000 millones, aunque luego se ajustaron ligeramente a $49.000 millones. Este crecimiento no se encuentra detallado en el portal de Datos Abiertos ni tiene un destino declarado.

El decreto Nº383, que permitió esta expansión presupuestaria, no fue debatido en el Congreso, a pesar de que Bullrich había prometido públicamente en 2024 que toda reforma de seguridad sería discutida legislativamente.

El nuevo esquema de la Policía Federal Argentina se inspira en el modelo del FBI, con la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y subáreas para delitos complejos, narcotráfico y “coordinación federal”. El texto habilita detenciones sin orden judicial por hasta 10 horas, requisas en la vía pública sin autorización y ciberpatrullajes masivos en redes y plataformas.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que el decreto criminaliza protestas sociales y reuniones políticas, las cuales ahora pueden ser catalogadas como actos de sedición o terrorismo. Esto revive viejas prácticas de persecución política.

El juez federal Rodrigo Morabito aseguró que la normativa “viola el control judicial y los derechos fundamentales”. Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, explicó que el decreto “restringe derechos fundamentales de forma desproporcionada” y es inconstitucional.

Otro dato clave: la Inteligencia nacional (ex SIDE) ya utilizó más del 90% de sus gastos reservados en los primeros seis meses del año, confirmando el uso acelerado de recursos en espionaje interno.

La negativa del Ministerio de Seguridad a rendir cuentas llegó hasta la Justicia. El 28 de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal recordó que el Estado “está sometido al principio de máxima divulgación” y obligó a entregar la información. Bullrich incumplió el fallo.

En síntesis, mientras se desfinancian derechos esenciales y se profundiza la crisis social, el Gobierno redobla la apuesta en espionaje y control interno, con fondos que se multiplican sin control y sin justificación. Una fórmula que consolida un Estado policial, opaco y autoritario.