Un TSJ a medida del poder: el verdadero objetivo de Vidal

No se trata solo de Santa Cruz. Esta jugada es parte de una lógica nacional que Mauricio Macri inauguró con fuerza durante su gobierno, armando un verdadero “partido judicial” a través de designaciones y maniobras que aseguraran fallos alineados con su proyecto político y económico. Una estructura que sirvió para perseguir a dirigentes opositores, proteger a sus aliados y condicionar a quienes se interpusieran en el camino del poder.

Hoy, Javier Milei sigue esa línea a rajatabla, decidido a judicializar la política como método de disciplinamiento. Lo dejó en claro en cadena nacional cuando habló de impulsar causas contra diputados y senadores que se opongan a su programa, y lo confirma cada vez que gobierna por decreto, despreciando el rol de un poder clave como el Legislativo. Y es el mismo patrón que vemos en Claudio Vidal en Santa Cruz: cuando ya no se convence al pueblo con gestión ni con ideas, se recurre a la justicia como herramienta para asegurar el control político. Vidal hace hoy lo que antes cuestionaba, copiando la receta nacional que busca someter a uno de los poderes que debería garantizar el equilibrio democrático.

Es cierto que en las últimas décadas la población de Santa Cruz creció y que la carga de trabajo en los tribunales aumentó. También es cierto que la justicia tarda demasiado y que esa demora erosiona la confianza ciudadana. Pero esos datos técnicos no explican por sí solos por qué la prioridad del oficialismo es sumar cuatro vocales al máximo tribunal en medio de una crisis social y económica que golpea a miles de santacruceños. Mucho menos cuando el costo anual de esta ampliación superará los 4 mil millones de pesos, en una provincia donde se recortan presupuestos de salud y educación, y donde hospitales, escuelas y familias enteras esperan respuestas que nunca llegan.

La experiencia enseña que no alcanza con multiplicar sillas en el TSJ para tener más justicia. Lo que realmente importa es para quién fallan esos jueces. Y ahí está el corazón del problema: nada garantiza que esta reforma fortalezca derechos para el pueblo. Por el contrario, la historia reciente de Santa Cruz muestra que el poder judicial, cuando es capturado, se convierte en un muro de protección para las corporaciones mineras, petroleras o constructoras, y en una herramienta para disciplinar a quienes se les oponen.

Mientras tanto, se esquiva el verdadero debate: cómo lograr una justicia independiente, que resuelva rápido, con recursos en fiscalías y defensorías, que llegue a todas las localidades, y que no tema enfrentar a los grupos económicos que condicionan la vida de la provincia. Lo que está en juego no es la eficiencia administrativa del TSJ, sino si la justicia seguirá siendo un instrumento al servicio del poder político y económico o si, por fin, estará al servicio del pueblo.

Desde Raíces Digital lo decimos con claridad: la independencia judicial no se mide por el número de jueces, sino por su capacidad de fallar contra los intereses de los poderosos cuando estos vulneran derechos. En Santa Cruz, este proyecto no apunta en esa dirección. Apunta a otra cosa.