El gobernador Claudio Vidal vetó la ley aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados que establecía elevar del 3% al 5% las regalías para determinados proyectos mineros. El Ejecutivo planteó objeciones técnicas y jurídicas al texto sancionado, mientras vuelve al centro de la discusión cuánto debe recibir Santa Cruz por la explotación de sus recursos.
La discusión sobre los recursos que deja la actividad minera volvió a ocupar un lugar central en la agenda política de Santa Cruz. Una iniciativa que había conseguido el respaldo unánime de la Legislatura terminó vetada por el Poder Ejecutivo provincial.
El proyecto había sido presentado por el diputado Javier Jara junto a otros legisladores y aprobado por unanimidad. La propuesta establecía que Santa Cruz cobraría un 5% de regalías sobre el valor boca mina en los proyectos alcanzados por las condiciones fijadas en la iniciativa.
La modificación tenía además un impacto directo sobre las localidades. De ese 5%, dos puntos porcentuales debían distribuirse entre los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.
El Gobierno provincial decidió no promulgar la norma y fundamentó el veto en diferentes observaciones. Una de ellas estuvo relacionada con la fecha tomada como referencia para establecer qué proyectos quedarían alcanzados por la nueva alícuota.
El Ejecutivo sostuvo que vincular la aplicación de la modificación con la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.743, ocurrida en julio de 2024, podía generar problemas por la aplicación retroactiva de la carga prevista.
La secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello, también planteó observaciones sobre la forma en que había sido redactado el proyecto. Desde el Gobierno provincial señalaron que las regalías se generan sobre el mineral efectivamente extraído y producido, mientras que la iniciativa relacionaba la aplicación de la nueva alícuota con la etapa de construcción de determinados proyectos.
La decisión deja abierta una discusión que excede los aspectos técnicos de la norma. La totalidad de los diputados había acompañado una modificación destinada a incrementar la participación provincial en las regalías de determinados proyectos y garantizar que una parte de esos recursos llegara directamente a municipios y comisiones de fomento.
El debate se produce además en un momento de tensión entre el Gobierno santacruceño y algunas operadoras mineras. La administración de Claudio Vidal viene reclamando mayor contratación de trabajadores residentes en la provincia y el cumplimiento de las normas vinculadas al empleo local, en medio de las diferencias públicas con Newmont por la operación de Cerro Negro.
Con el veto, la suba del 3% al 5% quedó sin efecto en los términos aprobados por la Legislatura. El Ejecutivo sostiene que las objeciones responden a problemas jurídicos y técnicos de la norma y que la discusión sobre una mayor participación provincial puede continuar mediante una nueva propuesta.
El tema vuelve así a colocar sobre la mesa una discusión de fondo para Santa Cruz sobre qué participación debe tener la provincia en los recursos generados por la minería y cómo esos ingresos pueden alcanzar también a las localidades santacruceñas.
Raíces Digital: Objetivos, pero no imparciales.
