Ataque a Venezuela: Laboralistas de Latinoamérica reclaman ante la ONU y la Corte Penal Internacional
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) repudió la injerencia de EE.UU. e informó que junto a otras organizaciones de juristas solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y denunció a Donald Trump y a Marco Rubio ante la Corte Penal Internacional.
El 3 de enero de 2026, apenas conocidos los hechos en la República Bolivariana de Venezuela, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) expresó su «más enérgica condena al ataque perpetrado por el gobierno de los EE.UU. contra la Venezuela» y reconoció que se trató de un «acto que se inscribe en una larga y reiterada política de intervención imperialista, coerción geopolítica y subordinación de los pueblos al capital transnacional».
Las y los abogados laboralistas de la Región recordaron también que «Venezuela es un Estado soberano, sujeto pleno de derecho internacional. Cualquier controversia política, económica o institucional debe resolverla su pueblo, por vías democráticas, pacíficas, sin amenazas, bloqueos, agresiones militares ni tutelas externas. La injerencia extranjera constituye una grave violación del principio de no intervención, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho de los pueblos a la autodeterminación».
Por ese motivo, ALAL informó que el pasado 6 de enero suscribió, junto a un amplio grupo de juristas internacionales, una petición al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que «se reúna y condene el ilegal accionar de EE.UU., en consonancia con lo solicitado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro».
Además, y por la gravedad de la situación, que incluyen el secuestro del presidente en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la legisladora Cilia Flores, la ALAL resolvió ser parte de una presentación ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma.
Solicitan «la apertura de un examen preliminar sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidos en el contexto de operaciones militares y navales llevadas a cabo por el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump; el Secretario de Estado, Marco Rubio; y otros funcionarios aún por identificar, desde finales de 2025 hasta el 3 de enero de 2026, fecha en la que dichas acciones culminaron en una invasión armada del territorio de la República Bolivariana de Venezuela».
“Las conductas denunciadas incluyen ataques contra embarcaciones civiles en aguas internacionales, el uso de la fuerza armada contra territorio venezolano sin autorización jurídica internacional, la privación ilegal de la libertad de personas protegidas, así como actos de pillaje y apropiación de bienes civiles y recursos naturales, todo ello en violación de normas imperativas del derecho internacional”, sostiene la presentación.
La ALAL reafirmó «su compromiso histórico con la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones latinoamericanas, la paz regional y la defensa de los derechos de la clase trabajadora, y llama a la comunidad internacional a rechazar toda forma de agresión imperialista y a respetar el derecho de los pueblos a decidir libremente su destino».
Lea aquí la presentación ante la ONU y la Corte Penal Internacional

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