Argentina: Diputados de Mendoza aprueban proyecto minero pese al rechazo popular
Con 36 votos afirmativos y 13 en contra, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobó la medida, mientras miles de personas se movilizaban para expresar que «no hay licencia social».
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), mientras que miles de personas se concentraron para oponerse a la medida que ampara el proyecto extractivista en Argentina.
Con 36 votos afirmativos y 13 en contra, la cámara de diputados de Mendoza aprobó la medida, mientras que se espera que la primera semana de diciembre, el Senado le de sanción definitiva. Se trata del primer proyecto de explotación minera desde la sanción en 2007 de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en procesos mineros metalíferos.
Miles de personas se concentraron en la puerta de la Legislatura para manifestar su rechazo al proyecto, al tiempo que las personas movilizadas manifestaron que la avanzada minera que pretende imponer el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, no tiene licencia social.
Además de la comunidad de Uspallata, que reclama la creación del área protegida Uspallata – Polvaredas, diversos investigadores advirtieron el riesgo para el agua, la flora y fauna de la provincia a partir de la aprobación del proyecto San Jorge.
Las organizaciones siguen luchando
Por su parte, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) han venido denunciando las maniobras una vez más y convocaron movilizaciones frente a la Legislatura. En este sentido denunciaron que el proyecto “no tiene sustento administrativo ni legal” y que la licencia social que invoca el oficialismo es un espejismo.
Este proyecto había sido frenado por 44 votos negativos seis años atrás. En diciembre del 2019 una gran movilización popular en la provincia había volteado el intento del gobierno para derribar la Ley 7722, conocida como «Guardiana del Agua de Mendoza».
Los manifestantes insisten que bajo la avanzada del Gobierno de Javier Milei y sus negociados con Estados Unidos, la itención de extraer cobre y oro en el valle de Uspallata podría ser un hecho. En este sentido, denuncian que dos millones de personas dependen de uno solo de los ríos de la región, y justo allí pretenden instalar la minera que descartará toneladas de tóxicos en sus nacientes.

Censura del CONICET
Investigadores e investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) denunciaron un hecho grave de censura luego de que desde la dirección del organismo dieran de baja un comunicado donde especialistas advertían sobre puntos poco claros del proyecto votado.
El avance administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto San Jorge, rebautizado PSJ Cobre Mendocino encendió las alarmas de la comunidad científica.
Horas después de que se confirmara que el proyecto se votará este miércoles en Diputados, el CONICET – Mendoza, emitió un comunicado contra el proyecto que planea sacar oro y cobre en Uspallata.
“Los trabajos realizados por las consultoras para caracterizar el clima y la hidrología de la zona son precarios, con pocos datos, con errores en la interpretación del régimen hidrológico de la región”, remarcó el comunicado del organismo científico.
El riesgo de contaminación de aguas subterráneas que recargan al arroyo Uspallata podría “generar un problema que incumbe a toda la cuenca del río Mendoza”, agregó la entidad. Más adelante señaló que “en términos generales la información utilizada para legitimar el proyecto minero, resulta insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta”.
En fauna, “la información sobre las técnicas de muestreo es, en algunos casos, incompleta o confusa” y “existen discordancias entre la fauna citada en el PSJ y la distribución real de algunas especies”, apuntó el organismo.
La explotación minera, manifiesta que “afectaría de manera directa bienes arqueológicos no renovables, incluyendo los registros más antiguos de ocupación humana en la región y segmentos del Qhapaq Ñan”, mientras que el deterioro de esta zona “podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado”.
Pese a estas advertencias, el comunicado desapareció de la página oficial del CONICET, en una maniobra que evidenció la presión del Gobierno nacional y provincial para que se apruebe la medida sin tener en cuenta su impacto ambiental y social.

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